El abogado de Nadine Heredia, Marco Aurelio, negó que el pedido de asilo a Brasil de la exprimera dama haya sido premeditado. El letrado afirma que dicha decisión se tomó el mismo día de la lectura de la sentencia.
“Nosotros, como abogados, recién un día antes de la sentencia conversamos entre nosotros sobre la posibilidad del asilo. Pero con Nadine fue el mismo día, no fue algo premeditado como algunos dijeron mentirosamente. Eso no es verdad”, declaró a Exitosa.
Respecto al cuestionamiento de por qué Heredia no acudía a las audiencia presenciales, el abogado dijo que su ausencia se debió por una cirugía a la que fue sometida recientemente.
“Estaba recuperándose. Eso es público. Nadine pasó por una operación y llegó a Brasil con un collar ortopédico”, indicó.
Asimismo, Marco Aurelio expresó su inconformidad por el fallo que afecta a la expareja presidencial.
“Fue una sentencia provisoria. No hay motivos para determinar prisión preventiva. En Brasil, se respeta la presunción de inocencia. En Perú, infelizmente esto no ocurrió”, sostuvo.
“Condenar a alguien sin pruebas es un absurdo. No importa si es de izquierda, si es de derecha, si es Nadine, si eres tú, si soy yo. No importa, no es justo”, manifestó.
Transparencia Internacional cuestiona asilo de Brasil a Nadine Heredia
El otorgamiento de asilo diplomático a Nadine Heredia por parte del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha sido duramente criticado por Transparencia Internacional – Brasil, organización que considera esta decisión como un retroceso en el combate a la corrupción en América Latina.
La entidad recordó que Heredia fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, tras comprobarse que recibió junto al expresidente Ollanta Humala cerca de US$ 3 millones de fuentes ilícitas, como Odebrecht y el gobierno venezolano, para financiar sus campañas del 2006 y 2011.
Para Transparencia Internacional, Brasil pone en duda su compromiso con la legalidad al brindar protección a una persona condenada por corrupción. Además, alertó que esta decisión ocurre mientras en el propio país se desmontan marcos jurídicos clave para enfrentar estos delitos.
“El país debe reevaluar su postura para no comprometer la credibilidad de su sistema de justicia ni su diplomacia”, enfatizó el organismo.
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