La Sala Penal Especial de la Corte Suprema se convirtió ayer en el escenario en el que por primera vez la Fiscalía reveló lo que se sospechaba: Que el premier Aníbal Torres fue el autor del mensaje a la Nación que leyó el vacado expresidente Pedro Castillo aquella mañana del 7 de diciembre del 2022 para perpetrar un golpe de Estado.
En la primera audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo y otros por el referido golpe, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza Salas anunció no solo que existen elementos de prueba contra Torres, sino que respaldó sus argumentos con lo que será el testimonio de un perito, el cual presentará en el desarrollo del juicio.
Su declaración fue tajante: Aníbal Torres, como exjefe del Gabinete Ministerial, fue quien redactó el discurso que Pedro Castillo intentó utilizar para desmantelar el sistema judicial y disolver el Congreso.
“El Mensaje a la Nación fue elaborado por el coacusado Aníbal Torres Vásquez”, afirmó la fiscal en su exposición de alegatos.
La representante del Ministerio Público refirió que un día antes del discurso, el 6 de diciembre, la entonces premier Betssy Chávez Chino, Castillo Terrones y Aníbal Torres se reunieron en el despacho presidencial.
En esa cita, a las 11 y 52 de la noche, Aníbal Torres escribió el discurso del golpe en un documento que quedó registrado en el computador bajo el nombre de “mensaje.doc”. Ese archivo fue encontrado luego por la Fiscalía, lo que más tarde le sirvió para sus investigaciones
“Tendremos la oportunidad de tener presente en este juicio al perito Arturo Ernesto Lazarte Vilca, quien dará cuenta cómo fue encontrado ese archivo, en ‘mensaje.doc’ y el mismo que fue creado el 6 de diciembre de 2022″, manifestó la fiscal.
El expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, abogado de Aníbal Torres, intentó defender a su cliente al asegurar que los delitos imputados en su contra no están bien argumentados.
PLAN CRIMINAL
Según la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, todo habría comenzado el 6 de diciembre cuando Pedro Castillo, en un intento por moldear la estructura militar a su conveniencia, solicitó la renuncia del entonces comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova. Aunque la renuncia no se materializó, el exjefe de Estado insistió al día siguiente, pidiendo nuevamente al exministro de Defensa Gustavo Bobbio Rosas que designara a un nuevo comandante.
En el contexto de esta insistencia, Castillo se reunió con su entonces premier Chávez Chino. Fue en este encuentro cuando, según la Fiscalía, Betssy habría tomado la iniciativa de contactar al entonces secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Mariano Pando, para coordinar la presencia de los periodistas que cubrirían el Mensaje disfrazado de una supuesta conferencia de prensa.
En ese Mensaje, como sabemos, se dispuso la reorganización del sistema de justicia, la disolución del Congreso y la instauración de medidas excepcionales, como un toque de queda nacional.
La fiscal Meza señaló que, al finalizar el mensaje, los acusados Torres y Chávez sellaron su compromiso con un abrazo, un gesto que, según la Fiscalía, representaba su acuerdo con las decisiones adoptadas por Castillo.
Fue en ese momento en que Castillo ordenó al ministro Willy Huerta (Interior) contactar al entonces comandante general de la Policía Raúl Alfaro Alvarado y le transmitió la urgencia de cumplir con las órdenes presidenciales: Cerrar el Congreso, impedir la entrada de los congresistas y, además, sacar a quienes ya se encontraban dentro.
No solo eso, también se instruyó una intervención sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
PENAS DE IMPLICADOS
La fiscal Galinka Mesas adelantó que el Ministerio Público solicitó para Pedro Castillo la pena de 34 años de cárcel, y de tres años y seis meses de inhabilitación política por cometer delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación.
El caso de Betssy Chávez, fue similar. Para ella, pidió 25 años de pena privativa de la libertad y dos años de inhabilitación.
Con respecto al exministro Willy Huerta, se pidió 25 años de pena y dos años y seis meses de inhabilitación.
En el caso de Aníbal Torres, se solicita 15 años de pena privativa de la libertad, y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
Para Manuel Lozada Morales, exjefe de la Región Policial, la situación no es distinta. Se le pidió 25 años de pena privativa de la libertad y dos años y seis meses de inhabilitación.
A Lozada Morales y a otras dos autoridades policiales se les abrió una investigación por impedir que los congresistas ingresen al Palacio Legislativo.
Para Jesús Venero se pidió 25 años de pena y dos años y seis meses de inhabilitación. Él fue jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP.
En cuanto a Eder Infanzón, teniente PNP acusado de ser coautor del delito de rebelión, no se adelantó ningún pronóstico de pena porque fue declarado reo contumaz al no haber asistido al juicio.
Antes de suspenderse la audiencia, la Sala programó para mañana a las 9 de la mañana la continuación del juicio. Seguirán los alegatos de Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta.
Entre tanto, el colegiado pidió a todos los involucrados acudir una hora antes para acelerar los tiempos, debido a que ayer la sesión se inició una hora después.
Cabe indicar que la Sala admitió 65 pruebas documentales y los testimonios de 69 personas que son testigos, y además de pericias forenses, grafotécnicas y otros estudios que refuerzan la acusación fiscal.
