Las bancadas de izquierda, como Perú Libre y el Bloque Magisterial, preparan una nueva ofensiva contra los medios de comunicación: impulsan una “Ley Mordaza” que aumentaría las penas por delitos de difamación y calumnia y, además, obligaría a una rectificación inmediata.
Especialistas consultados sobre el tema advirtieron a Correo que esta propuesta es un nuevo intento de los legisladores para amordazar a la prensa, una represalia por las denuncias periodísticas que destapan casos de corrupción y malos manejos en el sector público.
Penalistas alertan que de aprobarse la iniciativa, se pondrá en riesgo la libertad de expresión de los medios de comunicación –que tanto le costó al país recuperar– y debilitaría el trabajo de los periodistas ante eventuales juicios o cartas rectificatorias.
Es importante recordar que aún queda pendiente una segunda votación para que la propuesta sea aprobada. De obtener esa luz verde, sería enviada al Poder Ejecutivo.
CUESTIONAMIENTOS
El penalista Andy Carrión consideró que el dictamen es “absolutamente innecesario” y que lo único que busca es amenazar a los medios periodísticos mediante una rectificación inmediata.
“A mí me parece absolutamente innecesaria esta ‘ley mordaza’, porque intenta ampliar los ámbitos de la restricción de la libertad de expresión recurriendo a amenazas como, por ejemplo, el tema de la rectificación inmediata, pasadas las 24 horas, o de la rectificación de manera reiterada. Esto implica, en rigor, amedrentar la labor periodística”, subrayó.
Agregó que otro tipo de amedrentamiento a la prensa es el incremento de penas que pretende configurar el dictamen para el delito de difamación y calumnia, previstos en el Código Penal.
“Si uno sigue la tendencia del Congreso, por ejemplo, para el control de la criminalidad por el delito de cohecho, siempre se ha entendido que no se van a cometer esos delitos incrementando las penas. Entonces, lo que creo es que están aplicando esta misma lógica para una situación distinta”, refirió.
Añadió que este tipo de delitos deberían verse en el ámbito civil, ya que los casos de difamación “no tienen la suficiente gravedad para verse en el fuero penal”.
Una opinión similar tuvo el penalista Vladimir Padilla. El abogado aseguró que este tipo de propuestas parecen más una censura. Opinó que cuando “no se tiene una justificación clara, algo ya se torna arbitrario”.
“Pareciera que tiene cierto olfato, como que si piden rectificar tienes que hacerlo tres veces, y si no lo haces te van a denunciar penalmente. Esto no debería proceder”, recalcó el especialista.
A su turno, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez Miranda coincidió en que ese medida es desproporcionada.
“La rectificación reiterada es también desproporcionada. Mejor sería que se mencione la rectificación de manera proporcional a las ocasiones en que se cometió la difamación”, argumentó.
Agregó que, si bien nos encontramos en una situación de crisis política y moral, donde desacreditar al adversario se ha convertido en un instrumento cotidiano, “hay que frenar la difamación, pero no con cárcel”.
LOS CAMBIOS
De acuerdo con el dictamen, aprobado el 13 de marzo pasado, la propuesta busca modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal, así como el artículo 3 de la Ley 36775, que regula el derecho de rectificación.
Por ejemplo, en el artículo 131 se busca sancionar las calumnias con una pena de 130 a 365 días-multa y una reparación civil a favor del querellante. Actualmente, este delito solo se reprime con una pena de 90 a 120 días-multa.
En cuanto a la modificación del artículo 132, la propuesta establece que quien difame ante varias personas, ya sean reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, será reprimido con una pena privativa de la libertad no mayor a 3 años y se le impondrá una reparación civil. En la norma actual, se sanciona con una pena no mayor a 2 años y sin reparación civil.
En ese mismo artículo se señala que si el delito de difamación se comete mediante la prensa, libros o en redes sociales, la sanción será de no menos de 3 años ni mayor a 5 años, con reparación civil y multa de 120 a 365 días.
No obstante, el marco normativo vigente solamente impone una sanción de menos de 3 años de cárcel.
En otro punto del dictamen parlamentario se exige que, ante un hecho de difamación, los medios de comunicación de difusión diaria deben rectificarse “hasta el día siguiente de recibida la solicitud”.
Llama también la atención que, según la iniciativa, si se trata de medios no escritos, la rectificación debe efectuarse de la misma forma, modalidad y proporción durante tres días consecutivos o interdiarios, y a la misma hora en que se difundió la información que se refuta.
En la última votación se observó que las bancadas de Perú Libre y el Bloque Magisterial, autoras del planteamiento, votaron a favor junto con Podemos Perú, Acción Popular, el Bloque Democrático Popular, parte de Somos Perú y una pequeña facción de Avanza País.
Como se sabe, en la bancada de Podemos Perú hay legisladores investigados por la Fiscalía como José Luna Gálvez, Darwin Espinoza, Edgar Tello y José Arriola.
Similar es el caso de Perú Libre, con congresistas implicados en casos fiscales como María Agüero, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino.
