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La bancada Perú Democrático, a través del legislador Luis Kamiche, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo que las personas mayores de 40 años de edad puedan retirar el 100% de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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“El objeto de la presente ley es la devolución del 100% de aportes previsionales a los aportantes y ex aportantes al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones para mayores de 40 años (…) en caso el exaportante haya fallecido podrán solicitarlo los derechohabientes”, se indica en la propuesta legislativa.
En proyecto indica que luego de la calificación de las solicitudes de retiro, la AFP deberá abonar el 100% de saldo de los aportantes en una sola armada a los 60 días calendarios de presentada la solicitud. “El plazo para presentar la solicitud de devolución es de 30 días contados a partir de la publicación de la presente ley”, se detalla.
Asimismo, se indica que los fondos retirados son intangibles y no pueden ser objetos de descuento, compensación legal, embargo, retención o cualquier forma de afectación sea por orden judicial o administrativa. “El carácter intangible no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta por un máximo del 30%”, se acota.
“La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma en un plazo que no exceda de quince días calendarios de publicada la ley”, se especifica en la iniciativa legislativa.
En parte del sustento del proyecto de ley se argumenta que hay muchas personas mayores de 40 años que ya no cuentan con un empleo y tienen “una gran cantidad de aportes que no pueden ser retirados”. Además, indican que dichos afiliados están condenados a esperar largos años para recibir como pensión montos irrisorios o a perderlos con el transcurrir de los años por efecto de la disminución del valor de los aportes.
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“La presente iniciativa no irriga costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria. Por el contrario, aporta una solución de gran impacto social en la vida individual y familiar de los aportantes y ex aportantes, así como contribuye a la reactivación económica del Perú”, se precisa.
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