Al menos 23 congresistas están envueltos en causas penales

El Congreso de la República electo para el período 2021-2026 podría ser considerado uno de los peores en la historia, no solo por su alto nivel de desaprobación, sino también por la cantidad de padres de la patria envueltos en graves casos que van desde terrorismo, corrupción, lavado de activos, violación sexual, entre otros.

Y es de acuerdo con información revisada por Correo, 23 congresistas afrontan procesos penales en el sistema judicial por delitos cometidos antes y/o durante su gestión. A esto se le suman otros 26 legisladores que también podrían terminar afrontando una investigación en la Fiscalía (ver infografías).

BALANCE

El ranking es liderado por el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), a quien la Fiscalía de la Nación investiga por la presunta comisión del delito de concusión, esto luego de revelarse que solicitó a los trabajadores de su despacho a responder a través de cuentas falsas, a los cuestionamientos que le hacían en redes sociales.

En paralelo, la Contraloría ha dispuesto el inicio de una intervención sobre la contratación de Yeshira Peralta, hermana de la madre de su hijo, en su despacho congresal.

Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, también es investigado por la Fiscalía.

La tesis señala que Perú Libre (PL) sería una presunta organización criminal, mientras que Waldemar Cerrón se habría dedicado al lavado de activos a través de los aportes ilícitos de dinero a su partido. El caso alcanza a Guido Bellido, hoy en la bancada Perú Bicentenario.

También está José Luna Gálvez (Podemos), investigado por los presuntos aportes ilegales de dinero de las empresas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de su primer partido Solidaridad Nacional en los años 2011 y 2014. Además, es investigado por el delito de organización criminal por las presunta irregularidades detectadas en la inscripción de su partido político Podemos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mientras que Guillermo Bermejo (Cambio Democrático) afronta un juicio por la presunta comisión del delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

En la misma bancada está Roberto Sánchez, exministro del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

MÁS.

En el grupo de 23 congresistas que afrontan procesos penales están incluidos tres que fueron electos en el 2021, sin embargo, actualmente no ocupan sus cargos porque fueron destituidos.

Por ejemplo, la expremier Betssy Chávez fue destituida luego de haber sido involucrada como una de las participantes en el golpe de Estado. Actualmente, cumple 18 meses de prisión preventiva por el mencionado caso.

Freddy Díaz fue destituido e inhabilitado por 10 años luego de ser denunciado por violación sexual a una de las trabajadoras de su despacho.

En el grupo se considera a Wilmar Elera, hoy prófugo de la justicia. El Poder Judicial lo condenó a seis años de prisión por el delito de colusión agravada por la obra ejecutada en 2012, cuando se desempeñó como supervisor en Pacaipampa, Piura.

NUEVOS

Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Ilich López, Elvis Vergara y Jorge Flores de Acción Popular (AP), así como el hoy no agrupado Juan Carlos Mori (exAP), son investigados por la Fiscalía de la Nación por organización criminal por el caso “Los Niños”. Los legisladores habrían respaldado la gestión de Castillo a cambio de beneficios como el direccionamiento de obras y la colocación de funcionarios en puestos claves.

Finalmente, están los legisladores señalados de recortar el sueldo de sus trabajadores, cuyos casos serán revisados en la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Fiscalía de la Nación.

Precisamente, el Ministerio Público (MP) ya investiga por el delito de concusión a Magaly Ruíz, Rosío Torres y María Acuña de APP; Katy Ugarte de Unidad y Diálogo Parlamentario; Heidy Juárez de Podemos y la no agrupada María Cordero Jon Tay.

José Arriola (no agrupado) y Edgar Tello (Bloque Magisterial) han sido denunciados por la Procuraduría General del Estado, a fin de que el MP pueda investigarlos.

Todavía está pendiente un pronunciamiento sobre la legisladora Marleny Portero (Acción Popular), quien habría solicitado a los trabajadores de su despacho la compra de silla de ruedas para que ella pueda desarrollar su campaña “Ruta de la Solidaridad”.

En resumen, los congresistas bajo investigación pertenecen a Acción Popular (5), APP (4), Cambio Democrático (3) y Podemos (2).

Los no agrupados suman tres, mientras que PL, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo Parlamentario, Nueva Constitución y Perú Bicentenario, tienen a un legislador con un proceso penal.

LOS PENDIENTES

Por otro lado, hay al menos 26 congresistas que podrían terminar inmersos en un proceso penales si es que la Fiscalía decide investigarlos.

Al menos nueve legisladores estarían implicados en la contratación de personal no calificado, de amigos, conocidos, parejas, entre otros, incluso, habrían intervenido en el proceso.

Por ejemplo, Enrique Wong (Podemos) fue suspendido por 120 días luego de revelarse que le agradeció al exministro hoy prófugo Juan Silva tras nombrar como su asesor en el cargo de presidente de Enapu.

Para el penalista Andy Carrión, cuando se habla de contratación de personal que no tiene los requisitos, se puede establecer el delito de nombramiento ilegal. Sin embargo, si el parlamentario interviene en el proceso se puede hablar de tráfico de influencias.

“Ahí tiene que demostrarse la intervención propia del congresista, la cercanía, los contactos que haya tenido para que puedan incorporar a su allegado”, indicó.

En ese sentido, se refirió al antecedente que generó el caso de la expremier Betssy Chávez, que hoy es investigada por la Fiscalía.

En su situación se sustenta mediante testimonios y documentos que intervino en la contratación de familiares de su pareja en diferentes instituciones del Estado, incluido su despacho, lugar en el que trabajo la hermana de Abel Sotelo, con quien la legisladora habría tenido un vínculo sentimental.

El abogado también se refirió a los casos de congresistas cuyos familiares han contratado con el Estado, a pesar de que la norma lo impide.

Carrión explicó que para estos casos, la Fiscalía requiere de un estándar probatorio más elevado, porque el hecho de que un familiar haya contratado no significa un delito directo para el legislador.

En esos casos, se deben revisar las visitas que haya hecho el congresista a la institución, reuniones con funcionarios, entre otros elementos.

“En ese caso podría configurarse el delito de tráfico de influencias”, dijo.

Sobre los parlamentarios que viajaron a China para participar en una convención de tecnología móvil con todos los gastos pagados por la empresa Digital Policy & Law Group, con sede en México, el penalista Carrión consideró que el caso amerita una investigación interna.

“En Estados Unidos se han visto casos de empresarios que invitaban a funcionarios para ver, por ejemplo, maquinarias en plantas de tratamiento, luego pagaban para que gestionen algún tipo de contratación o favorecimiento. Aquí podría considerarse el delito de corrupción, es decir, de cohecho. Se debe revisar si han prometido algún tipo de beneficio a la empresa”, manifestó.

Desde el punto de vista del especialista, desde que el escándalo estalló, los congresistas se han cuidado de promover algún proyecto de ley que pueda favorecer al sector de la empresa que les pagó el viaje.

Existen otros casos de legisladores envueltos en graves casos. Por ejemplo, Américo Gonza (PL) ha sido señalado por diferentes colaboradores de estar implicado en la trama de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, hecho que ha sido negado por el izquierdista.

También están los casos de Carlos Zeballos y Luis Picón, ambos de Podemos, señalados de haber dado sus votos en el Congreso para salvar a Castillo de una eventual vacancia a cambio de nombrar a funcionarios en diferentes instituciones del Estado.

Sobre este hecho, la Fiscalía no se ha pronunciado, al menos públicamente, del inicio de una indagación. Aunque podrían ser incluidos en el proceso conforme avancen las investigaciones.

También está el caso de María Córdova (Avanza País), que fue denunciada mediante un reportaje periodístico por hacer que la coordinadora de su despacho trabaje para la empresa LOT Internacional, que le pertenece a su pareja.

Para el penalista Andy Carrión, los casos antes mencionados deben ser investigados por la Fiscalía.