En medio de las investigaciones fiscales y congresales por cometer supuestos actos de corrupción, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte obstruyó la justicia en al menos ocho ocasiones, de acuerdo con una revisión realizada por Correo.
Estos actos, basados en diversas decisiones y maniobras, reflejan un claro patrón que pone trabas a los esfuerzos de la Fiscalía -el persecutor del delito- y el Congreso en su intento por esclarecer casos claves que enrarecen la gestión presidencial.
Con este tipo de acciones de la jefa de Estado, funcionarios y otros agentes quedaron al margen de colaborar con el Ministerio Público o la Comisión de Fiscalización del Congreso.
PREOCUPANTE
Una de las conductas obstruccionistas más recientes de la mandataria o de su Gobierno es la designación de la policía Ruth Ligarda Castro, su escolta principal, como personal auxiliar en la Embajada de Perú en España.
La agente es testigo clave en el conocido caso “El Cofre” en el que está implicada la presidenta Boluarte. A ella se le acusa de usar el vehículo presidencial para ayudar en la fuga del ahora prófugo Vladimir Cerrón.
Ligarda Castro es testigo en este caso y ahora trabajará muy lejos, en la embajada que dirige Luis Iberico, el integrante de un partido socio del Gobierno.
Pero estos obstáculos no se restringen a la Fiscalía. El pasado 30 de octubre, la Comisión de Fiscalización del Congreso esperaba recibir el testimonio del suboficial PNP Félix Montalvo, chofer del vehículo presidencial conocido como “El Cofre”. Sin embargo, Montalvo no acudió a la cita debido a que el Gobierno no le otorgó la autorización.
Montalvo es vital en el caso, pues se le considera testigo clave en la investigación sobre el presunto uso del vehículo presidencial en la fuga de Cerrón.
Según se ha señalado, su testimonio podría aportar detalles para esclarecer cómo se habría facilitado la evasión del dueño de Perú Libre, quien lleva más de un año prófugo.
Días antes de la citación, el abogado de Montalvo, Jesús Poma, declaró que su cliente tiene la disposición de colaborar pero no se le ha otorgó el permiso correspondiente.
SIN PERMISO.
Otro testigo clave al que se le impidió declarar ante el Congreso fue al capitán PNP Junior Augusto Izquierdo, conocido como “Culebra”.
Izquierdo se vio implicado en un audio filtrado en el que supuestamente conversa con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
En el audio, se revelaría cómo el Gobierno estaría interfiriendo en las investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, así como en la captura de Vladimir Cerrón.
En agosto pasado, José Carlos Mejía, abogado del capitán Izquierdo, denunció que la Policía Nacional había instruido a sus miembros para no declarar ante el Congreso. Mejía calificó esta directiva como inconstitucional, argumentando que la Constitución obliga a cualquier ciudadano a comparecer ante el Parlamento.
En paralelo, el Gobierno tomó la controvertida decisión de disolver el equipo policial que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Según el Ejecutivo, la medida respondió a una supuesta duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Este equipo había sido creado a solicitud de la fiscal Marita Barreto con el objetivo de fortalecer las investigaciones de inteligencia en casos de alto perfil. Entre los casos a cargo de este grupo estuvo el de los Rolex, que apunta a Boluarte y ha generado intensa presión judicial.
HAY MÁS.
Otra conocida -y reciente- obstrucción se dio cuando la presidenta Boluarte se negó a entregar los relojes Rolex solicitados por el Ministerio Público. Este hecho ocurrió luego de que la Fiscalía allanara su vivienda en busca de las lujosas piezas, consideradas evidencia clave en la investigación.
Este impedimento retrasó las indagaciones de un presunto intercambio de favores entre Boluarte y Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho.
Según la hipótesis fiscal, Oscorima habría entregado los relojes a cambio de la asignación de un mayor presupuesto para su región.
Asimismo, el caso “Waykis en la Sombra” registra su propia dinámica obstruccionista.
Fue cuando, según se conoció, el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, trató de influir para que las investigaciones contra el hermano de la presidenta se archiven o pasen a una Fiscalía Anticorrupción.
Para ello, Castañeda se reunió primero con el coronel PNP Walter Lozano y luego con el propio Harvey Colchado.
Castañeda, el exministro Carlos Morán y Colchado se reunieron el 14 de marzo de 2024 en un restaurante de Miraflores.
En otra reunión, solo con Colchado, Castañeda le habría ofrecido al policía que encuentre “algo” contra el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y su adjunto, Hernán Mendoza, a cambio del “perdón” del Gobierno para que ya no sea pasado a situación de retiro a fin de año, como finalmente ocurrió.
