Alberto Beingolea. Foto: Francisco Neyra/GEC
Alberto Beingolea. Foto: Francisco Neyra/GEC

El candidato al Congreso, Alberto Beingolea Delgado, manifestó que el próximo Congreso deberá analizar los Decretos de Urgencia que el Poder Ejecutivo ha remitido a la Comisión Permanente. Consideró que esta tarea es un mandato constitucional.

"No se trata de llegar a decir: 'vamos a eliminar los Decretos de Urgencia o apoyar los Decretos de Urgencia', se trata de decir: 'vamos a analizarlos'. Estoy seguro que el Ejecutivo tiene explicaciones pertinentes", aseguró.

Beingolea llegó pasada las 10 de la mañana, a emitir su voto a la institución educativa Alfonso Ugarte de San Isidro.

El presidente del PPC consideró oportuno que el Gobierno haya presentado estos mecanismos, tras la disolución del Congreso. Al ser consultado sobre las propuestas del Ejecutivo que ameriten la derogación, Beingolea Delgado insistió en el análisis adecuado del nuevo Congreso.

"Vamos a construir, dejemos de destruir, basta de peleas, vamos a consensuar lo mejor para el país", precisó.

Asimismo, exhortó a la población para que emita un voto responsable y con lucidez por un mejor Parlamento Nacional.

Denuncia

En otro momento, el también excongresista del PPC, durante el gobierno de Ollanta Humala, se pronunció sobre la investigación preliminar que dispuso en su contra la fiscalía anticorrupción del Callao por el presunto delito de colusión agravada.

"En política, las políticas no son casualidad. (...) Hay una investigación en la fiscalía y, por supuesto, como hombre de derecho, que me investiguen porque no hay nada oculto. Me someto a todas las investigaciones, pero lamento muchísimo que (...) se haya aprovechado esto para, de una manera tan rápida, hacer que esto sea una noticia. Debo decir, además, que no he sido notificado (de la denuncia)", sostuvo.

De acuerdo a la investigación del fiscal Jean D’ Laura Quintana, Alberto Beingolea es investigado por supuestas asesorías que brindó el candidato al Congreso al Gobierno Regional del Callao, entre febrero y diciembre de 2019, por S/90 mil, cuando presuntamente no reunía los requisitos acadmémicos para dar esos servicios.