El panorama político se torna cada vez más complicado para Alberto Otárola, quien enfrenta una votación clave en el Congreso tras la revelación de nuevos chats que contradicen su versión de haber sido víctima de extorsión.

Lejos de evidenciar coacción, los mensajes lo muestran en un tono afable, romántico y colaborador con jóvenes con quienes mantenía vínculos sentimentales y que, posteriormente, obtuvieron contratos estatales en sectores bajo su influencia directa. El caso ya está siendo evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y podría significar el fin de su carrera política, además de abrirle un complejo escenario legal.

Los chats difundidos por el programa “Panorama” revelan un vínculo afectivo entre Alberto Otárola y Yasiré Pinedo, quien recibió contratos por más de 50 mil soles en el Ministerio de Defensa, institución que él encabezó antes de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

En las conversaciones, Pinedo se dirige a él con el apodo “Chapulín”, y Otárola responde con expresiones de afecto, además de gestionar asuntos personales vinculados a sus viajes. Incluso, según se lee, llegó a enviar a un emisario —identificado como “El Gato”— para cumplir encargos personales. Las imágenes y los mensajes no muestran a un hombre bajo presión, sino a alguien emocionalmente involucrado y presuntamente dispuesto a utilizar recursos del Estado para fines personales.

Otra de las beneficiadas, Rosa Rivera Bermeo, también obtuvo contratos con el Estado después de haber visitado el despacho de Alberto Otárola. Su hoja de vida incluía experiencias en negocios modestos, como la administración de un hostal de dos estrellas en Huacho, lo cual no fue impedimento para que se le asignaran órdenes de servicio por decenas de miles de soles.

Tanto Rivera como Pinedo están vinculadas actualmente a dos acusaciones constitucionales en curso.

Alberto Otárola: Subcomisión del Congreso tiene 15 días para definir denuncia por colusión

La Comisión Permanente del Congreso concedió un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final sobre la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, por su presunta participación en los delitos de colusión simple y agravada en perjuicio del Estado.

La denuncia, presentada bajo el número 520 por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, acusa a Otárola de instigar delitos contra la administración pública, específicamente por favorecer irregularmente a personas de su entorno cercano en contrataciones estatales.

Según la acusación, el exjefe del Gabinete habría intervenido en procesos de Devida para beneficiar a Rosa Pierina Rivera Bermeo, quien habría obtenido dos órdenes de servicio en dicha entidad gracias a su influencia.

Los supuestos actos irregulares se basan en informes periodísticos y evidencias que señalan que Otárola mantuvo vínculos previos con Rivera Bermeo y habría coordinado con dos directivos de Devida para su contratación. El caso está tipificado en el artículo 384 del Código Penal, que sanciona la colusión en perjuicio del Estado.

Otras investigaciones en curso

En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó un plazo idéntico para evaluar denuncias contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

  • Denuncia 560 (Espinoza Valenzuela): Presentada por el exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien la acusa de abuso de autoridad y filtración de información reservada de una investigación en su contra. Santiváñez busca su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
  • Denuncia 275 (Salas Arenas): Impulsada por el ciudadano Jesús Zavaleta Mendoza, quien alega presuntas infracciones constitucionales y omisión de funciones durante su gestión en el JNE.

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