La Comisión Permanente del Congreso concedió un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final sobre la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, por su presunta participación en los delitos de colusión simple y agravada en perjuicio del Estado.

La denuncia, presentada bajo el número 520 por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, acusa a Otárola de instigar delitos contra la administración pública, específicamente por favorecer irregularmente a personas de su entorno cercano en contrataciones estatales.

Según la acusación, el exjefe del Gabinete habría intervenido en procesos de Devida para beneficiar a Rosa Pierina Rivera Bermeo, quien habría obtenido dos órdenes de servicio en dicha entidad gracias a su influencia.

Los supuestos actos irregulares se basan en informes periodísticos y evidencias que señalan que Otárola mantuvo vínculos previos con Rivera Bermeo y habría coordinado con dos directivos de Devida para su contratación. El caso está tipificado en el artículo 384 del Código Penal, que sanciona la colusión en perjuicio del Estado.

Otras investigaciones en curso

En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó un plazo idéntico para evaluar denuncias contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

  • Denuncia 560 (Espinoza Valenzuela): Presentada por el exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien la acusa de abuso de autoridad y filtración de información reservada de una investigación en su contra. Santiváñez busca su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
  • Denuncia 275 (Salas Arenas): Impulsada por el ciudadano Jesús Zavaleta Mendoza, quien alega presuntas infracciones constitucionales y omisión de funciones durante su gestión en el JNE.

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