Al presidente del Congreso, Alejandro Soto, le molestó que un reportaje periodístico informara que estaría viviendo con la madre de su hijo, relación que negó para salvarse de una sanción en la Comisión de Ética.
El legislador de Alianza para el Progreso (APP) no solo denunció por reglaje al periodista autor de la nota, sino que también interpuso quejas contra América TV ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) y el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
DETALLES
En julio del 2023 se reveló que Soto Reyes contrató como auxiliar de su oficina a Yeshira Peralta Salas, hermana de Lizeth Peralta Reyes, quien tiene un hijo con el apepista.
Para descartar la existencia de nepotismo, el congresista aseguró que con Lizeth solo mantenía una relación de padres. Así, la Comisión de Ética aprobó un informe que recomendaba desestimar el caso. Sin embargo, un reportaje emitido el domingo 23 de junio por el programa Cuarto Poder da luces de que Soto Reyes habría mentido.
Según una serie de videos del reportaje, la madre del hijo de Soto coordina la llegada de materiales de construcción para la remodelación de un departamento en Surco. Además, ambos fueron vistos saliendo juntos del edificio.
Bastante incómodo por el reportaje, Soto presentó una denuncia penal contra el periodista José Miguel Hidalgo, autor de la nota.
En el documento al que accedió Correo se da cuenta que Manuel Peña Tavera, encargado de la Procuraduría Pública del Poder Legislativo, es quien interpone la denuncia.
El abogado alega que el periodista registró datos como el domicilio del congresista, calles aledañas, imágenes detalladas y que se hizo seguimiento al centro de educación inicial del menor hijo de Soto.
PAPELES
El titular del Parlamento que no habla con la prensa, no solo denunció a un periodista por reglaje, sino que también interpuso una queja ante la SNRTV en contra de América TV, canal por el que se emite el programa Cuarto Poder.
El documento fue enviado bajo la sumilla “interpongo queja por trasgresión a mi derecho al honor y violación a mi intimidad personal y familiar”.
En la queja, el apepista alega que el reportaje “Soto: la relación negada” se muestran imágenes y videos de su esfera íntima, personal y familiar que no tienen que ver con su función pública.
“Si bien es cierto soy una persona pública, también es cierto que soy un padre de familia y en ningún momento he dado autorización alguna a periodistas, reporteros u otros para la invasión de mi ámbito privado y mucho menos alguna intromisión en la misma”, reza la queja.
Bajo los mismos términos, el legislador interpuso una queja contra el mismo canal ante el Tribunal de Ética del CPP.
EN LA MIRA
Un dato que llamó la atención es que Soto Reyes denunció al periodista mediante el procurador del Congreso.
Para el penalista Andy Carrión, esa acción podría conllevar a que el apepista sea denunciado por la Fiscalía por el delito de peculado.
En diálogo con Correo, el letrado explicó que para presentar la denuncia no solo se ha invertido tiempo del procurador, sino también en la revisión del caso y posteriormente, el procurador tendrá que defender el caso.
“Tendría que haber impulsado la denuncia con un abogado personal. Él tiene la libertad de actuar, pero no instrumentalizando el aparato del Estado”, indicó.
Recordó que la afectación que se presentó en el reportaje es “personalísima”, mientras que la tarea del procurador es defender los intereses del Congreso.
Por otro lado, Carrión descartó que el periodista José Miguel Hidalgo haya cometido el delito de reglaje, debido a que los videos presentados son de lugares públicos.
“No hay reglaje, en lo absoluto. Sería reglaje si el periodista hubiera grabado al congresista en un ambiente cerrado, pero si alguien te filma en la calle no hay ningún inconveniente”, precisó.
En el mismo sentido opinó la exprocuradora Katherine Ampuero.
“Soto estaría utilizando recursos del Estado, porque está usando al procurador del Parlamento para que actúe como su abogado particular para defender intereses personales. La Fiscalía debe investigar a Soto por el delito de peculado”, apuntó.
La abogada señaló que también debería revisarse si hay delito de cohecho.
“Habría que ver si él puso como condición al procurador para mantenerse en el cargo que presente la denuncia, ahí habría un intercambio de favores”, dijo.
Además, Ampuero consideró se está creando un pésima antecedente en la lucha contra la corrupción y el correcto funcionamiento de la administración pública al interior del Congreso.
“Esto va a generar que por cualquier caso particular, cualquier congresista ya no busque un abogado particular sino al procurador”, agregó a Correo.
Mientras que la abogada Cristina Aranda, abogada penalista del estudio Ugaz Zegarra, mencionó que el procurador del Congreso podría ser denunciado por el delito de patrocinio ilegal, mientras que Soto por el mismo delito pero bajo la modalidad de cómplice o instigador.
“El que validándose de su calidad de funcionario o seridora público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario”, es lo que señala el Código Penal sobre el mencionado delito.
CONDENA
Tras conocerse de la denuncia contra el periodista, diferentes instituciones se pronunciaron para condenar la actitud de Soto.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que su asesor jurídico Roberto Pereira informó que de acuerdo con los estándares internacionales de protección de la libertad de información, “los funcionarios públicos tienen un reducido umbral de protección de su privacidad”.
“El IPYS expresa que la denuncia constituye un acto de amedrentamiento contra la prensa de investigación, a través de la pretendida instrumentalización de la justicia penal imputando un delito manifiestamente inaplicable”, señala el comunicado.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció en el mismo sentido.
“El hecho reviste una gravedad mayor porque es la primera vez que esta dependencia a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo denuncia a un periodista, en un caso que puede ser considerado abiertamente una instrumentalización del sistema de justicia en el país contra quienes tienen la responsabilidad de informar”, informó.
La ANP rechazó cualquier intento de criminalizar el periodismo e instó a la Fiscalía a desestimar de manera inmediata la denuncia.
“La ANP considera esencial que fiscales y jueces sepan ponderar las reales motivaciones de este tipo de denuncias que lesionan severamente las libertades informativas en el país”, apuntó.
Mientras que la Federación Internacional de Periodistas también rechazó la denuncia del presidente del Congreso.
Correo intentó recoger las declaraciones de Soto Reyes. Sin embargo, nos informaron que no darán mayores detalles del caso.
