El congresista Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso) dio a conocer que no asistirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso, convocada para el próximo jueves 23 de enero, en el marco de la investigación por una presunta red de prostitución instalada dentro del Poder Legislativo.
En un documento enviado a Juan Burgos (Podemos Perú), al que tuvo acceso El Comercio, Soto describió la convocatoria como una “invitación disfrazada” y afirmó que tiene un impedimento legal para asistir.
El ex presidente del Congreso justificó su negativa al asegurar que la comisión carece de las facultades necesarias para investigar a congresistas, dado que no tiene la categoría de Comisión Investigadora.
“La comisión que usted dirige no tiene facultades de Comisión Investigadora, por lo tanto, no puede investigar a congresistas”, declaró Soto. Además, cuestionó la imparcialidad de la comisión, a la que calificó de “completamente deslegitimada y parcializada”.
El congresista también arremetió contra Burgos, a quien acusó de ser “juez y parte” en este proceso, ya que el presidente de la comisión figura como testigo en una carpeta fiscal que sigue la Fiscalía de la Nación contra Soto por el mismo caso.
“Usted ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de usurpación de funciones, al investigar una materia que no es de su competencia”, expresó en el escrito, haciendo referencia a una acusación presentada por el congresista Héctor Valer (Somos Perú).
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