El expresidente presentó una recusación contra el juez al sostener que perdió imparcialidad en el proceso que se le sigue por recibir sobornos de la empresa para adjudicarse la obra Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

El exmandatario a través de su defensa legal sostiene que al negar su participación en la audiencia de prueba anticipada y formular observaciones en la diligencia donde el empresario peruano-israelí Josef Maiman rendirá su declaración por videoconferencia desde Israel el 22 de enero el juez estaría incurriendo en imparcialidad.

Asimismo, en el documento la defensa legal de Toledo expresa que al admitir la colaboración eficaz Concepción Carhuancho le impuso a Maiman la regla que debía presentarse en dicha audiencia como testigo del , sin embargo, se varió la medida a videoconferencia.

Al respecto, Roberto Su, abogado de Toledo, dijo a diario que no se está cumpliendo los requisitos legales y que se favorece a la fiscalía.

Nosotros no decimos lo contrario. Lo que cuestionamos es que él apruebe un trámite excepcional sin cumplir los requisitos legales, favoreciendo a la fiscalía, porque interrogar por videoconferencia es una excepción, pero el juez lo ordenó cuando aprobó el acuerdo de colaboración. El juez favorece a fiscales y colaboradores porque cree en ellos, así lo dijo en Arequipa, que admiraba el trabajo de los fiscales. No hay juez imparcial en él”, enfatizó el letrado.

DEVOLUCIÓN. Dentro de la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz que resolvió el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carchuancho a favor de Maiman, el magistrado impuso que el ex amigo de Alejandro Toledo devuelva al país el dinero producto de la presunta coima por la Interoceánica en un plazo de 7 años.

El magistrado ordenó que Maiman devuelva el dinero en 15 armadas siendo la primera en pagarse el 30 de diciembre de este año. Cada cuota fue fijada con el monto de $351 mil 007, el cual culmina en el año 2027.

Asimismo, el 28 de enero el empresario deberá pagar la primera cuota con la cantidad de 400 mil dólares como parte de los 2 millones de dólares de reparación civil al Estado que se le impuso.

El juez Concepción Carhuancho fijó el pago en 10 cuotas, estos pagos fueron definidos en montos de 200 mil y 150 mil en adelante de los cuales debe culminarse en el año 2023, es decir, en cuatro años.