Asegura que pesquisas a jefe de Estado deberían ser por presuntos delitos contra la administración de justicia y la fe pública. También considera que Zoraida Ávalos debería inhibirse. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
Asegura que pesquisas a jefe de Estado deberían ser por presuntos delitos contra la administración de justicia y la fe pública. También considera que Zoraida Ávalos debería inhibirse. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Para el procurador anticorrupción Amado Enco, no hay duda de que deben comenzar ya las investigaciones al presidente Martín Vizcarra por los contratos en el Estado de personas de su entorno y los audios que lo involucran.

En conversación con Correo, sin embargo, advierte que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debe inhibirse de las pesquisas, debido a que los audios la involucran y ha calificado a la persona que supuestamente los grabó y quien sería la testigo más importante del caso: Karem Roca. La entrevista, cabe precisarlo, se dio vía correo electrónico.

Hace unos días envío un oficio al Ministerio Público y reiteró su pedido para que la fiscal Janny Sánchez tome la declaración del presidente Martín Vizcarra sobre el caso Richard “Swing”. ¿Qué le respondieron?

En efecto, así se hizo, pero no solamente eso: También solicitamos se amplíe la investigación para comprender en los hechos al mandatario Martín Vizcarra y, de considerarlo, se eleve un informe a la Fiscalía de la Nación. Finalmente, la fiscal optó por elaborar un informe y elevarlo a la Fiscalía de la Nación a efectos de que se avoque a la investigación en el extremo del presidente de la República y de la exministra de Cultura Patricia Balbuena, por resultar ambos involucrados en la irregular contratación del señor Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

También había solicitado información a los ministerios de Defensa, Agricultura, y Transportes y Comunicaciones sobre los contratos a los amigos del tenis del presidente. ¿Ya recibió la información respectiva?

Hace poco hemos recibido información de ocho ministerios. Nos han remitido documentación relacionada a contratos por órdenes de servicios y por la modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicio); esa información está siendo analizada por nuestra Unidad de Análisis de Información. Sobre posibles acciones legales, no puedo adelantar nada, puesto que aún no hemos terminado con el trabajo de análisis.

El presidente de la República enfrenta un panorama complicado por las contrataciones de personas de su entorno en el aparato estatal, ¿cómo lo describiría?

Frente a hechos de esta naturaleza, que involucran a personas cercanas o del entorno de altos funcionarios, ciertamente amerita una exhaustiva investigación para deslindar las responsabilidades del caso. Cuanto más alto es el cargo, mayor deber de investigación existe.

¿Considera que el Gobierno colabora con la entrega de información, como ha reiterado el jefe de Estado en diversas ocasiones, para investigar las contrataciones que están bajo la lupa?

Hasta ahora, por lo general, las instituciones públicas a quienes solicitamos información responden positivamente, solo en algunos casos hay la necesidad de reiterar. Lamentablemente, la pandemia ha paralizado la remisión de información. Sin embargo, poco a poco se han reactivado los sistemas de trámite documentario.

¿La Procuraduría Anticorrupción formulará algún pedido para denunciar estas situaciones?

Esa decisión se adopta en cada caso concreto luego de analizar la información correspondiente. Existen casos en los cuales solo se advierten irregularidades administrativas o conductas reñidas con la ética y, por lo tanto, no procede formular denuncia alguna.

¿Qué impresión le generaron los audios que la Comisión de Fiscalización difundió y que involucran al presidente de la República? Él mismo aceptó que era su voz la que se escucha en las grabaciones...

Más allá de quién lo presentó o la forma cómo dichos audios fueron obtenidos, los hechos que se advierten en ellos son graves y tienen que investigarse a profundidad. Tanto el mandatario como la persona de Karem Roca, quien supuestamente habría grabado las conversaciones, han admitido que son sus voces. El segundo audio, en el que se escucha la voz del jefe de Estado, aporta evidencia suficiente como para abrir una investigación en su contra por presuntos delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia y contra la fe pública. En lo que concierne a su presunta participación en la contratación irregular del señor Richard Cisneros, compartimos la tesis de la Fiscalía de que aquí nos encontramos ante una probable instigación del jefe de Estado respecto de otros funcionarios públicos para cometer presuntos delitos de negociación incompatible y colusión agravada. En estos delitos la Procuraduría Anticorrupción está impulsando las investigaciones.

En los dichos del mandatario y su entorno, las exsecretarias Mirian Morales y Karem Roca, ¿aprecia un ánimo de tergiversar la realidad o de obstruir la justicia?

Según se escucha en el audio, la reunión habría sido exprofesamente realizada para alinear una versión única ante la Fiscalía, faltando a la verdad, ocultando información que daría cuenta del número real de visitas y entrevistas que el señor Cisneros tuvo con el jefe de Estado. En el audio, el propio presidente de la República admite que el caso Richard Cisneros los involucra a todos.

¿La Procuraduría Anticorrupción también reaccionará frente a los audios?

Acabo de mencionar, en una de las preguntas anteriores, que mi despacho, inmediatamente se difundieron los audios, reiteró nuestro pedido a la Fiscalía a efectos de que se tome la declaración respectiva al jefe de Estado. Luego, hemos ofrecido como elementos de convicción la transcripción de los audios y hemos solicitado se eleve el informe correspondiente ante la Fiscal de la Nación.

Peritajes de la Fiscalía revelaron que se borraron más de 27 mil 400 correos electrónicos del registro de Palacio de Gobierno. Incluso, los peritos lograron recuperar siete e-mails referidos a pedidos de ingreso a Palacio de Richard Cisneros. ¿Qué tan grave es esta situación?

El hecho es grave, y más aún cuando esto sucede en Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo que debería dar el ejemplo de integridad y lucha contra la corrupción. La pericia realizada permite corroborar el contenido de la conversación del segundo audio, es decir, la intención que habría detrás del comportamiento de los involucrados, ¿cuál es?, ocultar la información real, aquella que la Fiscalía necesita para cumplir con su trabajo de esclarecimiento de los hechos.

¿Ve, entonces, un ánimo de ocultar información en la supresión de correos?

Los hechos así lo indican.

¿Cree que Vizcarra debería ser investigado por los audios? ¿Quiénes deben estar bajo una pesquisa por este caso?

El presidente tiene que ser investigado por estos hechos (los audios) y por un fiscal que garantice imparcialidad e independencia. La investigación que conduce la doctora Janny Sánchez Porturas ha comprendido en las pesquisas a los funcionarios que considero deben estar, comenzando por el jefe de Estado, la exministra de Cultura Patricia Balbuena, la señora Mirian Morales, Karem Roca y los funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Cultura identificados como los que participaron en la generación de todas las órdenes de servicio en favor del señor Richard Cisneros. A nuestro juicio, deben también ser investigados los demás exministros de Cultura en cuyas gestiones se aprobaron y autorizaron los pagos a dicha persona.

Aunque niegan cualquier relación con actos irregulares, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el fiscal José Domingo Pérez fueron mencionados. ¿También se les debe investigar?

Creo que por transparencia, y por el bien de la imagen del Ministerio Público, deberían realizarse todas las indagaciones necesarias para deslindar cualquier tipo de participación reñida con la ley. En tanto, la fiscal de la Nación debe inhibirse de conocer el caso contra el presidente Vizcarra debido a que está implicada en los audios y ha calificado la conducta de quien resultaría ser la testigo más importante en esta investigación.

Ávalos acaba de decir que la línea del MP es investigar a los presidentes cuando terminan su mandato. ¿Se le debe investigar desde ahora al jefe de Estado?

Es momento de que el Ministerio Público cambie dicha línea. Nada impide que se denuncie y se abran investigaciones preliminares en contra del jefe de Estado. La Constitución impide que sea acusado por supuestos distintos a los previstos en el artículo 117, pero no impide que sea investigado, la norma habla de acusación, no de investigación o de indagación. Por lo tanto, es perfectamente viable una investigación preliminar. Sin embargo, si los indicios acopiados conducen a la necesidad de formalizar la investigación preparatoria, entonces deberá reservarse el proceso hasta después de que el jefe de Estado deje el cargo.

Perfil de Amado Enco

Procurador Anticorrupción

Estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posee una maestría en derecho penal en la Universidad de San Martín de Porres. Fue procurador adjunto del Ministerio del Interior.