La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha iniciado un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez.
Según la resolución emitida por esta entidad autónoma del Ministerio Público, el proceso disciplinario contra el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato tendrá una duración de 60 días hábiles.
Como parte del procedimiento, se requerirá al fiscal Pérez Gómez la presentación de un informe de descargo sobre los hechos cuestionados, el cual deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles tras su notificación.
La ANC atribuye al fiscal Pérez Gómez presuntos errores en la acusación presentada por este caso, la cual fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional, que argumentó que dicha imputación carecía de sustento jurídico.
Luego del análisis realizado por la Unidad de Investigación Preliminar de la ANC, se concluyó que el fiscal incumplió su deber de “perseguir con razonabilidad” y de actuar “con respeto al derecho de defensa y al debido proceso”.
Con dicha medida, el fiscal podría enfrentar una sanción de suspensión por un periodo mínimo de cuatro meses y máximo de seis, o incluso una destitución, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 50 de la Ley de la Carrera Fiscal.
Fiscal José Domingo Pérez: Fallo del TC sobre aportes de Odebrecht beneficia a Keiko Fujimori
El fiscal José Domingo Pérez se pronunció sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que deja sin efecto los actos procesales de la investigación seguida contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el denominado Caso Cócteles. Según precisó, esta decisión beneficia directamente a la lideresa de Fuerza Popular.
“Es un hecho de conocimiento público que el día de hoy el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2109-2024, ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori, en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas”, declaró el fiscal Pérez.
La sentencia N.° 2109-2024 del TC, según explicó el magistrado, establece que los aportes económicos realizados por Odebrecht a las campañas políticas no constituyen delito de lavado de activos, una decisión que podría tener efectos sobre otros procesos vinculados al financiamiento electoral.
Durante la audiencia por el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por aportes ilícitos a su campaña, Pérez solicitó reprogramar la sesión para el 26 de octubre, a fin de que el Ministerio Público pueda adecuar su actuación a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.
“He escuchado en los alegatos de apertura de la defensa de la acusada Susana Villarán que planteó la misma tesis de defensa de la beneficiada por el Tribunal Constitucional, me refiero a Keiko Fujimori. Por tanto, que la reprogramación de la audiencia programada para el 21 sea para el 26 de octubre y la Fiscalía pueda proceder conforme lo ha ordenado el Tribunal Constitucional”, indicó el fiscal.
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