Caso CNMaudios: Antonio Camayo cayó en sorpresivo megaoperativo en la que se allanaron 21 inmuebles
Caso CNMaudios: Antonio Camayo cayó en sorpresivo megaoperativo en la que se allanaron 21 inmuebles

Cuando todos creían que la Parada Militar sería el hecho más relevante de la jornada final de Fiestas Patrias, otro “desfile”, esta vez de detenidos, acaparó los reflectores.

En un megaoperativo que comenzó a las 3 y 30 de la madrugada de ayer, miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional detuvieron a los empresarioss , gerente general de Iza Motors, y Mario Mendoza Díaz, así como a José Luis Cavassa Roncalla, exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), involucrados en el escándalo de los “CNMaudios”.

Más de 400 policías y 40 fiscales participaron en la citada operación, cuyo objetivo era desmantelar la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la que operaría desde el 2010 y que se dedicaba a obtener ganancias económicas, o favores posteriores, a cambio de gestiones ilícitas para conseguir sentencias favorables o nombramientos en cargos específicos.

En las respectivas diligencias -desplegadas de manera simultánea en el Callao y en diversos distritos limeños como San Isidro, San Borja y Surco- se allanaron también 21 inmuebles y se intervino a 11 presuntos integrantes de la citada mafia, entre los que se encuentran los tres personajes antes mencionados.

A todos ellos se les atribuye los delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado.

Asimismo, se incautaron tarjetas de crédito, S/55,353 en efectivo y $8832, documentos relacionados con diversos procesos judiciales y un revólver junto a seis municiones.

Gran despliegue

El denominado “Megaoperativo 33-2018” contó con la autorización del juez Luis Henríquez Derteano, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Callao, para detener a los involucrados e ingresar por la fuerza a sus residencias en caso de oposición.

La respectiva solicitud la formuló Rocío Sánchez Saavedra, titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Primer Puerto.

Por su parte, el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, precisó que en la operación participaron integrantes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), miembros de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin) y 400 agentes de las unidades especializadas de Control de Multitudes.

Para intervenir a Antonio Camayo, precisamente, la Policía y el Ministerio Público hicieron uso de la fuerza, pues pese a que tocaron la puerta de su casa, ubicasa en la cuadra 2 de la calle 54, en la urbanización Corpac, San Isidro, nadie los atendió. Al ingresar, las autoridades procedieron a intervenirlo tras leerle sus derechos.

Como se recuerda, Camayo es uno de los protagonistas de varios de los audios que remecieron al Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la mayoría de los cuales conversa con el suspendido magistrado César Hinostroza Pariachi y habla de reuniones que sostuvo o que pactó con altos funcionarios, entre los que incluye al presidente Martín Vizcarra, el premier César Villanueva y diversos ministros.

Por su caso, el Ministerio Público intervino dos locales de la empresa Iza Motors: el ubicado en la cuadra 11 de Las Américas y el de la cuadra 9 de Nicolás Arriola, ambos en La Victoria.

El empresario textil Mario Mendoza, quien también figura en varios de los “CNMaudios”, fue detenido en su residencia de la cuadra 9 de la avenida Velasco Astete, en San Borja.

En tanto, la intervención al exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) José Luis Cavassa se ejecutó en su vivienda de Surco. De acuerdo con las sospechas fiscales, este personaje, aludido en varias de las citadas interceptaciones telefónicas, mantiene influencia en dicho organismo, así como en diversas instancias del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). También se sospecha que es el coordinador de la mencionada red criminal.

Asimismo, en el pasado estuvo vinculado al escándalo de la falsificación de firmas para que el expresidente Alberto Fujimori postule a la reelección en el año 2000, y actualmente es personero legal de Podemos Perú, el partido de José Luna, que habría sido favorecido en su proceso de inscripción.

Faltan dos

Junto con ellos fueron intervenidos también Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga (Nelson), John Robert Misha Mansilla (John) y Carlos Antonio Parra Pineda (Carlos), quienes trabajaron para la Corte Superior de Justicia del Callao, que hasta hace poco presidía el juez Walter Ríos, quien sería el cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, de acuerdo con la Fiscalía.

La misma suerte corrieron los abogados Víctor Maximiliano León Montenegro (“Kiri”) -quien además es exvocal del Callao-, Juan Antonio Egüez Beltrán (“Juancito” o “Doctor”) y Jacinto César Salinas Bedón (“César”).

La lista de los once intervenidos la cierra una presunta beneficiada de dicha red: Verónica Esther Rojas Aguirre.

El ministro Medina, sin embargo, precisó que la orden de detención alcanzaba a 13 personas en total. No obstante, las autoridades no pudieron dar con el paradero de las otras dos: Fernando Alejandro Seminario Artete y Marcelino Meneses Huayra. Incluso el titular del Interior informó que una de ellas -sin precisar quién- se encuentra fuera del país.

Los once intervenidos, durante la mañana de ayer, fueron trasladados a la sede de la Prefectura de Lima, donde de acuerdo con la Fiscalía permanecerán 15 días detenidos, tal como lo dispone la respectiva orden judicial. El Ministerio Público adelantó que luego de vencido este plazo, procederá a solicitar la prisión preventiva de todos.

No obstante, los detenidos fueron trasladados la noche de ayer a la sede de la Corte Superior del Callao, donde según fuentes del Poder Judicial fueron sometidos a un control de identidad.

Varios elementos

También por la noche, el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, precisó que la investigación que condujo a las capturas data de hace ocho meses, y que los tan comentados audios de las últimas dos semanas son solo un elemento probatorio más, pues también poseen informes de inteligencia, testimonios y una serie de documentos.

El fiscal superior precisó que en esta etapa se procedió a intervenir a funcionarios municipales o de la Corte del Callao, exjueces y empresarios.

También destacó que el flamante fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, estuvo en todo momento en permanente coordinación para que la operacióno se desarrolle sin inconvenientes.

Chávez Cotrina precisó además que para los once detenidos de ayer se pedirá nada menos que 36 meses de prisión preventiva.

“Con este megaoperativo se desarticula una red criminal que había tomado por asalto la Corte Superior de Justicia del Callao”, remarcó.

Respecto al suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi, Chávez dijo que a este le amparan prerrogativas constitucionales, por las cuales primero debe ser investigado en el Congreso de la República -mediante una acusación constitucional-, luego de lo cual el fiscal de la Nación debe ordenar una investigación preparatoria para entonces recién disponer medidas como la detención.