Luis Cordero. (Foto: Congreso)
Luis Cordero. (Foto: Congreso)

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) retiró el polémico proyecto de ley que buscaba modificar la Ley del Impuesto a la Renta para permitir que las empresas deduzcan como gasto los pagos efectuados por extorsiones y cobros de cupos.

El proyecto de ley 12793/2025-CR, había sido presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay en el contexto del alto índice de criminalidad que afecta al país, especialmente en el sector empresarial.

El retiro de la iniciativa fue formalizado mediante un documento enviado al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. El oficio, firmado por el vocero de la bancada de APP, Eduardo Salhuana, solicita el retiro del proyecto presentado el pasado 14 de octubre.

La propuesta había generado debate y controversia debido a que, de haberse aprobado, habría permitido que las empresas consideraran los montos pagados a organizaciones criminales como un gasto deducible de su Impuesto a la Renta, lo que implícitamente reconocería y formalizaría los pagos por extorsión en el sistema tributario nacional.

Alianza para el Progreso

El congresista Luis Cordero Jon Tay, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), presentó días atrás el citado proyecto de ley que buscaba permitir que las víctimas de extorsión deduzcan las pérdidas sufridas del Impuesto a la Renta sin necesidad de presentar una denuncia judicial.

La propuesta había sido remitida a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

El proyecto planteaba modificar el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, con el fin de crear una alternativa legal para que los contribuyentes puedan acreditar sus pérdidas económicas mediante una declaración jurada notarial, eliminando el requisito de judicialización del delito.

La iniciativa buscaba que los pagos realizados bajo extorsión sean considerados como pérdidas extraordinarias deducibles, siempre que se presenten una declaración jurada con huella digital, firma legalizada y medios probatorios disponibles. No obstante, ante las críticas APP dio marcha atrás.

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