La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, con 15 votos a favor, uno en contra y una abstención, aprobó este martes el informe de calificación para admitir a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la disolución del Congreso en 2019.
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La denuncia incluye a los exministros Vicente Zeballos (Justicia), Carlos Morán (Interior), Jorge Moscoso (Defensa), Carlos Oliva (Economía), María Jara (Transportes), Luis Castillo (Cultura), Zulema Tomás (Salud), Flor Pablo (Educación), Sylvia Cáceres (Trabajo), Francisco Ísmodes (Energía y Minas), Gloria Montenegro (Mujer), Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social), Rocío Barrios (Producción), Fabiola Muñoz (Agricultura), Lucía Ruiz (Ambiente) y Néstor Popolizio (Cancillería), así como a los exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.
Los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Alejandro Muñante (Fuerza Popular) presentaron la denuncia constitucional, la cual solicita su inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos.
Ahora, la iniciativa pasará a la Comisión Permanente, que, de aprobarla, encomendará a la misma subcomisión designar a un delegado para elaborar el informe final.
La disolución del Congreso en 2019 se produjo luego de que Martín Vizcarra considerara negada la cuestión de confianza presentada por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, debido al proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
En 2023, el Tribunal Constitucional determinó que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo contraviene la Carta Magna, resolviendo así el debate entre el Ejecutivo y Legislativo sobre dicha figura. La institución señaló que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento y negación ante la propuesta del Poder Ejecutivo.
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