Tras un breve receso, la presidenta del TC, Luz Pacheco Zerga, afirmó que para mayo se espera tener el fallo definitivo del pleno sobre esta demanda, calificada como trascendente por sus implicancias.
Esta demanda competencial, en torno a la interpretación del Artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que establece las causales por las cuales el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, se formuló debido a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en contra de la presidenta Dina Boluarte Ercilla.
La magistrada explicó que solo existen cuatro motivos para poder acusar al presidente de la República, por lo que en esta demanda competencial el Poder Ejecutivo asegura que esa potestad de acusar corresponde al Congreso, según manifestó la defensa de la mandataria, Joseph Campos, durante su intervención.
“Si el Ministerio Público encuentra algún motivo, algún delito que se relacione con esos cuatro, entonces tendrá que presentar esas pruebas al Congreso, para que sea el Congreso el que siga adelante con la investigación”, sostuvo Pacheco Zerga tras un receso.
Salvo la comisión de un delito flagrante, la investigación a la persona se dará una vez concluya su mandato, según precisó la magistrada, quien destacó la trascendencia de esta audiencia, debido a la participación de las partes involucradas, donde se escucharon las diversas posturas.
“Sí, es muy importante escucharlo porque es un tema, como lo mencionó el defensor del pueblo, histórico porque vivíamos una práctica histórica de no investigar al presidente de la República mientras estaba en ejercicio, eso cambio con el presidente Castillo”, aseguró.
POSTURA
Una vez se pronuncie el TC, el camino a seguir dependerá del fallo; en caso se decida que el Ministerio Público no es competente para investigar al presidente de la República todos los casos en investigación contra la mandataria Dina Boluarte serán archivados, no obstante, estas se retomarán una vez la jefa de Estado deje el cargo.
“Si el Ministerio Público tiene pruebas alrededor de los que haya podido suceder, todo eso lo tiene que mantener para que llegado el comento del cese, quien sea el presidente, ya se pueda adoptar”, precisó.
PARTICIPACIÓN
El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, señaló en su participación que solo el Congreso de la República es el órgano competente para iniciar una acusación constitucional en contra del presidente, “para cada institución hay un ámbito de atribución, ámbito de función, entonces enmarquemos eso dentro de la Constitución”, argumentó.
Durante la audiencia, el procurador del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi, señaló que 5 años podría implicar la desaparición de las pruebas, ante ello, el defensor del pueblo sostuvo que se preguntó si se planteaba una modificación constitucional que sea necesaria, “más de 50 años se ha sostenido que a un presidente de la República no se le puede investigar, no lo he sostenido yo, lo han sostenido los fiscales de la Nación”, expresó.
Al ser consultado sobre si existía un error al momento de investigar al expresidente Pedro Castillo, el defensor del pueblo afirmó que “sin duda alguna” existió tal hecho.
Durante la audiencia también participó el procurador del Ministerio Público, Reynadlo Miranda Wong.
DEFENSA CUESTIONA LABOR DE FISCALES
Joseph Campos, abogado de la presidenta, cuestionó el trabajo de los fiscales durante la investigación, “la experiencia nos ha dicho que la forma de investigar que tiene el Ministerio Público lleva a establecer situaciones de abuso que deterioran la investidura presidencial, los presidente gobiernan con políticas”, expresó.
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