La Fiscalía ha planteado usar las declaraciones, entre audios y videos, otorgadas por el exdirectivo de Odecrecht, Jorge Barata, para sustentar la acusación ante el Poder Judicial en el juicio al expresidente de la República, Ollanta Humala. Esto ante la negativa de exdirectivos de declarar.
El fiscal del caso, Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, propuso que se utilicen las declaraciones previas de los exdirectivos de Odebrecht, según lo precisado por el periodista de judiciales, César Romero.
Estas declaraciones están grabadas en video y han sido transcritas y son fundamentales para la Fiscalía, ya que proveen información clave sobre los presuntos aportes ilícitos de la empresa brasileña a la campaña de Humala.
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Declaración de los exdirectivos de Odebrecht
El Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado, compuesto por los magistrados Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, debe evaluar en agosto si admite estas declaraciones previas otorgadas en la etapa de investigación preparatoria. Las declaraciones en cuestión están relacionadas con los presuntos aportes de Odebrecht al Partido Nacionalista Peruano durante la campaña electoral de 2011.
Entre los exdirectivos cuyas declaraciones son cruciales se encuentran Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Luis Mameri, Fernando Migliaccio, Hilberto Mascarenhas Filho, Joao Cerqueira de Santana y Valfredo de Assis Ribeiro.
De admitir el tercer juzgado la inclusión de estos videos y grabaciones transcritas en la etapa de investigación, la Fiscalía contaría con un panorama más favorable del que ahora se enfrenta en el marco de los casos Lava Jato; entre ellos, el caso Cócteles contra Keiko Fujimori Higuchi y Fuerza Popular.
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¿Por qué no quieren declarar?
La negativa a declarar de los exdirectivos se debe a una prohibición dictada por el juez de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Toffoli. Este fallo se basa en que los archivos de los servidores MyWebDay y Drousys, entregados directamente por Odebrecht, no pasaron por un canal de cooperación judicial formal con Suiza, lo que afectó la cadena de custodia de las pruebas. Es bajo esta excusa que los principales investigados han decidido evitar cualquier declaración ante fueros judiciales.
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