Los partidos políticos con representación en el Congreso han buscado, desde el año 2021, dejar un marco normativo que les fuera favorable para las elecciones de 2026.

De acuerdo con una revisión de Correo, hay por lo menos 18 leyes que este Parlamento ha aprobado que apuntan a dicho objetivo. La mayoría de estas reformas persiguen sacar ventaja y provecho frente rivales políticos minoritarios, con los que los partidos tradicionales competirán.

De acuerdo con analistas consultados por este diario, los grupos parlamentarios, en efecto, tienen como objetivo el garantizar que sus organizaciones políticas sean parte del próximo Legislativo, el que será bicameral, razón por la cual reformaron las reglas de juego a su antojo.

ESTRATEGIA.

Una de estas leyes es, precisamente, la que establece la doble cámara. Cuando el Congreso aprobó –con la mayoría fujimorista– dicho cambio, trascendió también una ventaja para los actuales “padres de la patria”, que cualquiera de ellos podrá postular al Senado.

Si bien al principio se planteó como requisito que para postular a esta cámara se debe tener 45 años de edad o haber sido diputado, se agregó que cualquiera de los vigentes legisladores podrá ser candidatos, aunque sea menor a dicha edad.

Actualmente, 32 legisladores tienen menos de 45 años y cuando llegue 2026 tampoco los tendrán. Entre los beneficiados por esta regla hay parlamentarios de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular y de Perú Libre.

La propuesta de reelección de alcaldes y gobernadores, planteada por Alianza para el Progreso (APP) parecía ser una de las iniciativas clave en la agenda política reciente.

Sin embargo, tras no obtener el respaldo necesario, la bancada decidió retirarla oficialmente del debate.

Otra de las iniciativas legislativas que acaparó atención es la Ley N° 32254, la que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos. Esta norma, promulgada el último viernes, permite a los partidos recibir hasta 2’675,000 soles de financiamiento privado; es decir, 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

El que las organizaciones políticas puedan, otra vez, recibir dinero de privados no fue el único punto polémico de esa autógrafa, pues también faculta a tales agrupaciones a destinar hasta el 50% de esos recursos a contratar abogados, voceros o altos directivos para su gestión interna.

Sin embargo, la ley establece una medida preventiva si alguno de los involucrados en procesos legales es condenado por corrupción u otros delitos. En esos casos, el sentenciado tendrá que devolver el total del dinero utilizado para su defensa.

La reforma al Código Penal, específicamente en lo que respecta a la exclusión de los partidos políticos de la responsabilidad penal, también ha generado polémica. Al modificar el artículo 105 del Código Penal, la norma establece que si un miembro de un partido es investigado, la organización no será considerada responsable. La justificación de esta medida radica en evitar lo que consideran una “criminalización” de las agrupaciones políticas y proteger sus bienes y activos frente a las pesquisas o condenas de sus miembros.

Cabe señalar que esta norma fue presentada por Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, el prófugo exgobernador regional.

ANALISIS

En relación con las recientes propuestas legislativas, el experto en temas electorales José Naupari advirtió que el Congreso parece centrarse en la coyuntura electoral inmediata, más que en una visión a mediano o largo plazo.

Según Naupari, la legislación actual está orientada a asegurar la continuidad de los partidos políticos que actualmente tienen representación en el Legislativo, así como la permanencia de los parlamentarios en el poder.

“El enfoque parece ser el de facilitar la permanencia de las agrupaciones que ya están en el Congreso y de los congresistas que hoy ostentan el poder. Ahora, para ser senador o congresista, o tienes 45 años o eres parte de un partido ya establecido. Si eres de un partido nuevo, las posibilidades de aspirar a estos cargos son mínimas, ya que tendrías que convencer a alguien de un partido tradicional para que se sume al suyo”, explicó Naupari.

Respecto de la exclusión de los partidos políticos de la responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus miembros, Naupari señaló que esta medida está vinculada con las campañas electorales previas, en las que algunas organizaciones políticas con representación parlamentaria podrían haber estado involucrados en escándalos de corrupción o delitos.

“Es evidente que los partidos con representación en el Congreso han ajustado el marco normativo para garantizar su supervivencia y, al mismo tiempo, poner obstáculos a los nuevos partidos”, concluyó Naupari.