Betssy Chávez es acusada de respaldar el golpe de estado de Pedro Castillo. (GEC)
Betssy Chávez es acusada de respaldar el golpe de estado de Pedro Castillo. (GEC)

Cuatro minutos después de que el juez Juan Carlos Checkley rechazara el pedido de cárcel preventiva para tres exministros de Pedro Castillo, acusados de ser coautores del fallido golpe de Estado, la fiscal Galinka Meza Salas anunció que presentará un recurso de apelación.

Así la situación, será en segunda instancia que los hechos que se le imputan a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta tienen o no suficiente fundamento para que afronten la prisión preventiva de 18 meses que planteó la Fiscalía.

Mesa Salas sostuvo que enviará la apelación formalmente por escrito en las siguientes horas al despacho de Checkley, quien deberá elevarlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, a fin de que sea evaluado.

Según el penalista Andy Carrión, Chávez es la única de los tres imputados que tiene posibilidades de enfrentar esa medida coercitiva al tener “mayores elementos de convicción que demuestran su peligro procesal”.

“Existen probabilidades de que revoquen esta decisión, al menos en cuanto a Chávez. No creo que ocurra lo mismo respecto al resto. Es importante recordar que contra Geiner Alvarado tenían incluso menos elementos para demostrar su peligro. Podría pasar lo mismo que con él”, declaró el abogado a Correo.

DECISIÓN

En la audiencia de ayer, Checkley sustentó por qué decidió declarar infundado el requerimiento de la Fiscalía sobre el caso. No encontró suficiente prueba que demuestre algún peligro de fuga y menos de obstaculización, argumentó.

Sin embargo, sí dijo que existen graves elementos de convicción que vinculan a los tres involucrados con los delitos imputados (rebelión y conspiración) por ser presuntos coautores del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre pasado.

No obstante, decidió imponerle a los exministros una comparecencia con restricciones con algunas reglas de conducta como la de no ausentarse en la localidad en que residen, presentarse ante la autoridad judicial cada 30 días y quedar impedido de comunicarse con los investigados o testigos de la pesquisa fiscal.

También impuso una caución económica para cada imputado: A Chávez le impuso 100 mil soles, 80 mil soles a Huerta y 50 mil soles a Roberto Sánchez.

Checkley indicó que los imputados podrían pagar esas cantidades teniendo en cuenta su capacidad económica, los cargos que han ostentado y el número de propiedades que tienen a la fecha. En otro momento, el magistrado aseguró que se aplicará una medida de mayor gravedad si la persona incumple algunas de las restricciones a las que están sujetas.

“Deberán solicitar a esta judicatura el permiso para desplazarse fuera de su localidad. En el caso de Chávez, fuera de Tacna, y en el caso de Huerta y Sánchez, fuera de Lima y de la provincia constitucional del Callao”, remarcó.

ARGUMENTOS

En la audiencia, se leyeron los argumentos de la Fiscalía con los que buscaba que se aplique la medida preventiva. Primero fue Chávez.

En principio, se reveló que hasta el 23 de diciembre pasado, Chávez tenía señalado un domicilio en Tacna, pero que un notificador del distrito fiscal indicó no haber ubicado su dirección y que en la zona nadie la conocía.

Es más, refirió que cuando la exministra cambió de domicilio, el notificador fue a buscarla nuevamente, pero jamás la encontró y solo tuvo que dejar una notificación fiscal debajo de la puerta, sin tener la certeza de que ella la reciba.

“En la Sunarp tiene registrados dos inmuebles en la ciudad de Tacna, ciudad limítrofe por donde se puede salir del Perú a Arica, Chile”, argumentó la Fiscalía.

Sobre el arraigo familiar, el Ministerio Público manifestó que Chávez declaró ser soltera y que vive con su madre, padre y abuelo materno, pero según sus fichas del Reniec, sus familiares tienen domicilios fiscales en otros lugares, por lo que no habría arraigo familiar.

Asimismo, la Fiscalía sospecha que Chávez habría ejecutado los “actos conducentes” a la emisión del mensaje a la Nación que evidenciaría “que habría participado en la toma de decisión”. Todo ello, a partir de los testimonios brindados sobre el caso.

Incluso, se reveló que después del mensaje, la reportera de TV Perú le preguntó a Chávez qué iba a pasar ahora y esta le respondió: “Ahora mismo tenga que sacar el decreto supremo”.

No obstante, Checkley consideró que existen graves elementos de convicción que implican a Chávez, pero que ello no configuraría peligro de fuga ni obstaculización.

DEFENSA

En general, los abagados defensores de los implicados sustentaron su posición de que sus clientes no han sido parte del golpe de Estado. Todos alegan que la alerta del Mensaje a la Nación de Castillo les cayó de sorpresa, a pesar de que se encontraban en Palacio de Gobierno ese miércoles 7 de diciembre de 2022.

Sin embargo, los testimonios apuntan a que los tres estuvieron coludidos con Castillo para cerrar el Parlamento y otras instituciones del Estado con la ayuda de las Fuerzas Armadas.

Antes que concluyera la audiencia judicial, cada uno se mostró conforme con la decisión de Checkley pero se mostraron en desacuerdo sobre la caución económica.

Minutos antes de retirarse, el magistrado le cedió la palabra a cada abogado y uno por uno indicó que solo presentará un recurso de apelación sobre ese extremo.

En declaraciones a la prensa, en los exteriores de un estudio de abogados, Chávez descartó cualquier ánimo de triunfalismo tras esta decisión de primera instancia.

“Estábamos esperando esta primera etapa. En realidad, consideramos que sin ánimos de triunfalismo, esto es parte de un proceso largo y complejo todavía. Hay que tener mucha paciencia, calma, ha sido un día maratónico. Yo espero que puedan comprender el cansancio”, dijo.