La carta está dirigida a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que dilucida el juicio oral del caso “golpe de Estado”.
Básicamente, Chávez Chino asegura que las autoridades del penal, donde está recluida desde junio del 2023, utilizan a otras reclusas “para amenazar mi vida”.
No ofrece la misiva ningún detalle sobre esta afirmación.
Señala que “pese a la denuncia pública realizada por mi persona en audiencia los días 8 y 10 de julio, los actos hostiles e ilegales continúan, me refiero a la violación de nuestros derechos como internas”.
Luego informa que ha presentado ante el PJ un recurso de “habeas corpus correctivo” y que ha tomado la decisión de “no asistir en estas condiciones a mi juicio oral y de iniciar “una huelga de hambre absoluta” hasta que se reorganice el penal con nuevas autoridades.
A BARBADILLO
Desde el inicio del juicio oral en marzo Chávez Chino ha expresado, al menos tres veces, su interés en ser trasladada al penal de Barbadillo hasta el final del proceso.
En cada oportunidad presentó al tribunal diferentes motivaciones.
El 2 de marzo último alegó dificultades logísticas y problemas de conectividad en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
El 8 de abril se sostuvo en razones de salud: explicó que padece una laberintitis que le causa “una situación de vértigo bien compleja”.
Por último, en la audiencia del 10 de julio denunció ser víctima de un presunto chantaje sexual. Tampoco entregó detalles.
En todos los casos el tribunal denegó su pedido por ser un tema del INPE; las autoridades penitenciarias explicaron que Barbadillo es un penal de varones.
