Con 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el órgano parlamentario aprobó el informe final que recomienda esa sanción, mientras que el debate contra Pedro Castillo Terrones quedó pendiente por falta de abogado del expresidente.
Con 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el órgano parlamentario aprobó el informe final que recomienda esa sanción, mientras que el debate contra Pedro Castillo Terrones quedó pendiente por falta de abogado del expresidente.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de las denuncias constitucionales DC 547 y DC 575 que recomienda la inhabilitación por diez años para ejercer cargo público a Betssy Betzabet Chávez Chino, exjefa del Gabinete.

La votación concluyó con 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. La sanción se propone por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Contexto del procedimiento parlamentario

Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) y Alejandro Cavero Alva (Avanza País). La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final el 7 de noviembre de 2025 con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, incluyendo también al expresidente Pedro Castillo Terrones y al exministro del Interior Willy Huerta Olivas.

Estado del caso del expresidente Pedro Castillo

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que el caso de Pedro Castillo podrá tratarse en una sesión posterior porque el exmandatario no ha acreditado abogado defensor, requisito legal para el proceso.

El informe recomienda también la inhabilitación para Castillo y Huerta por diez años, pero su votación final aún está pendiente en el Pleno del Congreso.

Implicaciones y pasos siguientes

Con la aprobación del informe, se da paso a que el Pleno del Congreso debata la acusación constitucional. De aprobarse, la sanción de inhabilitación sería aplicada y podrá impedir que Betssy Chávez ejerza cargos públicos durante el periodo indicado.

La sanción propuesta se basa en la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú, incluyendo los derechos fundamentales, la estructura del Estado y el rol del Poder Ejecutivo.