La exprimera ministra Betssy Chávez inició una huelga de hambre en protesta por las presuntas amenazas de muerte que afirma recibir en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado durante el gobierno de Pedro Castillo.
Además, se negó a ser trasladada al Penal Barbadillo para participar en el juicio oral en su contra.
A través de una carta entregada a la oficial encargada de su traslado, Chávez denunció “continuos tratos hostiles” por parte de la directora del establecimiento, Nelly Aquino; la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón.
“Señores de la magistratura, por la presente le entrego a la técnico García Pezo esta nota pues hoy 15 de julio de 2025, siendo las 7:00 de la mañana, he tomado la difícil decisión, ante los continuos tratos hostiles de la directora, Nelly Aquino; la jefa del OTT, Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, quienes utilizan a internas para amenazar mi vida”, escribió Chávez en la misiva dirigida a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Juicio suspendido temporalmente
Ante su inasistencia, su abogado defensor, Raúl Noblecilla, solicitó la suspensión de la sesión del juicio oral. El pedido no encontró oposición de las demás defensas ni del Ministerio Público, aunque la fiscalía advirtió que, de persistir la ausencia de Chávez, el proceso continuaría solo con su representación legal.
En una segunda carta leída por Noblecilla durante la audiencia, Chávez detalló otros presuntos maltratos, como la prohibición de usar los servicios higiénicos los fines de semana, restricciones para transitar por áreas comunes y limitaciones en las visitas de sus familiares y abogados.
“La directora del Penal Anexo Mujeres y su equipo realizan sanciones generales y no individuales, afectando gravemente la convivencia penitenciaria”, afirmó.
Chávez informó que presentó un hábeas corpus correctivo para que cesen estos actos, que calificó como “ilegales, arbitrarios y humillantes”. Asimismo, solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una reorganización urgente del penal.
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