El peligro de fuga de Betssy Chávez “es palpable y el riesgo de frustración del juicio oral resulta evidente”, concluyó el juez Juan Carlos Checkley. Por ello, ordenó la prisión preventiva de la expremier, hoy asilada política de México, por un plazo de cinco meses.
En la resolución, conocida ayer, se dispusieron las órdenes respectivas de ubicación y captura.
EN DETALLE. El magistrado revocó la comparecencia con restricciones de la exfuncionaria tras el incumplimiento de las reglas de conducta.
El fiscal William Rabanal sostuvo que Chávez Chino no acudió a tres sesiones del juicio oral en su contra, por presunta rebelión –y, alternativamente, conspiración para la rebelión– pese a que se requería su presencia.
Además, destacó que la procesada tampoco se presentó al control biométrico en distintas oportunidades, entre ellos, los días 27 de septiembre y 3 de octubre de este año.
“Resulta patente que la acusada Chávez Chino se encuentra asilada en la embajada de México, hecho que habría aprovechado dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que dispuso su libertad –demostrándose así que el proceso en su contra se realizaba con todas las garantías–”, puntualizó Checkley Soria en la resolución revisada por Correo.
El periodo impuesto, de cinco meses, respondió al “plazo razonable”. La Fiscalía realizó tal pedido al considerar que el caso se encuentra en fase estelar, es decir, en juicio oral.
“En mérito a los principios de proporcionalidad, resulta razonable que este juzgado supremo dicte la medida de prisión preventiva por el plazo requerido, tomando en cuenta, que el proceso está próximo a concluir”, afirmó el magistrado.
El proceso, en tanto, culminaría esta o la próxima semana. Tras una o dos audiencias más, la sala anunciaría la fecha de lectura de sentencia.
La ex primera ministra enfrenta 25 años de prisión, por presunta rebelión, así como una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y seis meses.
La Procuraduría, en tanto, exige el pago de una reparación civil de S/64 419,038.53 entre todos los acusados.
NIEGAN INGRESO. Entre tanto, ayer se registró movimiento policial en los exteriores de la residencia de la embajada de México.
Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, explicó que la situación se originó tras un control rutinario.
“Cuando se trata de personas que están cubiertas bajo un privilegio de derecho de asilo o de refugio, también estamos en constante coordinación con el señor canciller. Respetamos nosotros lo que está establecido en los estándares internacionales”, dijo a la prensa al ser consultado sobre el fallo de prisión preventiva.
