El archivamiento de la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez ha puesto a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, en el ojo de la tormenta al conocerse nuevas aristas de este escandaloso y cuestionado blindaje.
Una arista es la reciente revelación de un presunto intercambio de favores.
Se sospecha que en la elección para fiscal de la Nación Espinoza obtuvo el voto de Sánchez a cambio de que este no sea investigado por la llamada a Gustavo Gorriti, con la cual frustró una diligencia fiscal.
La llamada telefónica, realizada el 10 de julio de 2018, terminó por amedrentar al exfiscal provincial Rodrigo Rurush, al ordenarle que suspendiera el allanamiento a la oficina de IDL-Reporteros, tras el destape de los famosos CNM Audios.
Por este caso, ya existe una denuncia constitucional contra Espinoza, impulsada por Renovación Popular, por presunta infracción a la Constitución, cohecho activo específico y encubrimiento personal.
DIÁLOGO DE MIEDO
Según un documento revelado por el programa Milagros Leiva Entrevista, el día en que Espinoza decidió exculpar a Sánchez de la denuncia constitucional ante el Congreso, la fiscal de la Nación omitió consignar que existía un proyecto previo de denuncia constitucional, elaborado por Juan Carlos Villena, exfiscal de la Nación interino.
En dicho proyecto, se acusaba y responsabilizaba a Sánchez Velarde de haber “sometido” a su subordinado.
En ese texto, de 54 páginas, de acuerdo con el progreama, se afirma que Sánchez aprovechó su condición de máxima autoridad para ejercer influencia “sobre el fiscal Rodrigo Álvaro Rurush” tras recibir la llamada de Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros.“El investigado Pablo Sánchez, quien, en su condición de fiscal de la Nación, máxima autoridad del MP, habría utilizado dicho cargo para dominar la situación, creando un estado de obediencia en su subordinado”, especifica el documento.Línea más abajo, continúa la fundamentación: “La situación en sí lo coloca (a Rurush) en una posición de sometimiento, que doblega su voluntad y provoca que se someta a la voluntad del investigado, lo que habría ocasionado que acepte las indicaciones (de Sánchez) como válidas y, por ende, debían ser tomadas y cumplidas al momento de llevar a cabo la diligencia de exhibición e incautación”.No obstante, esos elementos fueron dejados por Espinoza fuera de su documento de archivo.
También excluyó la frase “lo que usted disponga” de la conversación entre Rurush y Sánchez, cuando este último le dijo textualmente: “Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias” (ver infografía). Dicho diálogo habría ocurrido de la siguiente forma:
“Sánchez: ¿Estás llevando a cabo la diligencia en IDL?
Rurush: Sí, dígame. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Efectivamente, por disposición de la Fiscalía Provincial estamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posterior incautación.
Sánchez: Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias.
Rurush: Lo que usted disponga (frase excluida). Nosotros no estamos llevando a cabo ya nada. Ah ya. Claro, doctor, aún así esté en cumplimiento a lo establecido, nosotros estamos suspendiendo la diligencia”.
Dicha frase excluida sería importante para describir y concretar la amenaza que habría sufrido el fiscal Rurush.
INCONSISTENCIAS
Adicionalmente, de acuerdo con Rurush, la secretaria de Sánchez se comunicó inicialmente con él.
Durante el programa de Willax, aseguró que en el texto de Espinoza debió consignarse la versión de la secretaria por haber estado involucrada en la comunicación.
Explicó que fue la secretaria la que cedió su teléfono a Sánchez para dialogar con Rurush.“Eso es indispensable, porque la fiscal de la Nación debió tomarle la declaración a dicha secretaria para que pudiera expresar el motivo por el cual Pablo Sánchez pidió que me llamara, y segundo, ¿quién le proporcionó mi número personal”, se preguntó.
Consideró que Espinoza también debió consignar la versión de sus excompañeros fiscales que estuvieron presentes en la diligencia. “En la disposición de archivo no están, pero en el supuesto caso de que les hayan tomado declaración y no hayan sido citados en la disposición de archivo, eso es gravísimo, porque la norma exige que el fiscal, en su deber de objetividad, se pronuncie sobre todos los elementos recabados en la investigación. Si no los toma en consideración, entonces se estaría hablando de un delito de encubrimiento”, aseveró Rurush.Insistió en que Espinoza debió argumentar en su disposición los motivos por los cuales archiva la denuncia contra Sánchez y adjuntar tanto la investigación de Juan Carlos Villena como la conversación —sin recortes— que mantuvo con él durante la diligencia.También refirió que el presunto trueque con Sánchez para que vote a favor de Espinoza para fiscal de la Nación configuraría el delito de cohecho.
EL FONDO
Al respecto, el penalista Carlos Caro Coria opinó que Gustavo Gorriti no debió realizar su “telefonazo” y llamar a Sánchez para que suspendan el allanamiento a sus oficinas. Indicó que lo que pudo haber realizado es presentar un reexamen de la medida o decir que se opone, es decir, utilizar recursos legales.
“Lo que no se puede hacer es el telefonazo. El tarjetazo. Llamar al fiscal de la Nación. Efectivamente, lo ha llamado porque eso lo ha confirmado el fiscal Rurush y luego hay una investigación y concluye que no hay nada. Es decir, es una situación de impunidad cuando por menos que eso la Fiscalía promueve investigación preliminar”, criticó.
Agregó que “no digo que Sánchez ha delinquido, pero hay que investigar el caso. Acá lo que se hizo es un archivamiento temprano a nivel de investigación preliminar”.
Explicó que la decisión de una fiscal de la Nación es insapelable.
A su turno, el penalista Andy Carrión indicó que “nos encontraríamos frente a un proyecto que lo firmaría el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena en el que contrariamente a lo decidido por Delia Espinoza habría sido de la idea de acusar a Sánchez.
“Un fiscal de la Nación que no tiene ninguna competencia para investigar una causa que en rigor se encuentra a cargo de otro fiscal competente es a todas luces interceder para beneficiar a un tercero”, aseguró.
