Blindaje es descarado para “mochasueldos”

Desde que se reveló el primer caso de un “mochasueldo” en marzo del año pasado, se han abierto un total de 11 procesos internos en el Congreso para determinar responsabilidades éticas y políticas de los legisladores involucrados en esas denuncias.

No obstante, virtualmente todo ha sido una farsa que ha devenido en un vergonzoso blindaje entre parlamentarios.

La frase “otorongo no come otorongo” ha estado así más vigente que nunca en el Legislativo.

Del total de denunciados, ocho fueron protegidos en las dos instancias principales para investigar estos casos: la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Lo más grave acontenció en la Comisión de Ética, en la que seis fueron salvados de afrontar una sanción gracias a maniobras o malabares políticos que consistían en presentar a última hora recursos para modificar las suspensiones de 120 días que, originalmente, eran planteados al término de las indagaciones.

En tanto, en la SAC, a pesar de encontrar evidencias irrefutables, la mayoría de legisladores decidieron frenar las investigaciones y enviar al archivo por lo menos dos casos. El blindaje más reciente es el de María Acuña, de Alianza para el Progreso. El último viernes, la congresista fue favorecida con el voto de 15 parlamentarios que votaron por el archivo de la denuncia en su contra por recorte de sueldos.

RECUENTO.

El primer caso denunciado fue contra Magaly Ruiz (APP). En marzo se reveló que la legisladora habría exigido a sus trabajadores, entre ellos a Carlos Marina, efectuar un pago de 1 500 soles mensuales como parte de sus obligaciones.

El caso lo abordó Ética, pero Ruiz fue blindada en junio pasado gracias a una cuestión previa que presentó Nancy Heidinger para variar la sanción de 120 días por una amonestación pública.

A inicios de febrero, la Subcomisión también la protegió. Fue la ponente del caso, Elizabeth Medina, la que no encontró pruebas para continuar el proceso constitucional. La mayoría apoyó ese criterio. No obstante, la Fiscalía sí apunta a encontrar un hallazgo porque hace unos días pidió levantar el secreto de las comunicaciones de la investigada.

En la lista de “mochasueldos”, la ‘apepista’ Rosio Torres, compañera de bancada de Ruiz, está en el segundo lugar. Ella fue denunciada en abril y su caso fue revisado por Ética pero terminó del mismo modo en una amonestación pública.

Ello pese a una evidencia: Fue captada borrando los chats que tenía con su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, su cómplice en estas presuntas fechorías.

En la Subcomisión aún se espera poner en agenda el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas para que sea votado y así se empiece a programar las audiencias.

A la legisladora se le acusa de infringir los artículo 1, 2, 38 y 45 de la Constitución por recortarle el sueldo a su personal, entre ellos, principalmente, a Nathaly Rubio.

Por lo pronto, el Ministerio Público solicitó el 18 de enero levantarle el secreto bancario a la parlamentaria.

Otra implicada es Heidy Juárez. Si bien la legisladora de Podemos Perú ha negado todas las imputaciones, aún afronta en la Fiscalía y en la SAC investigaciones por “mochasueldo”. Solo en esta última instancia está pendiente votar el informe final del caso.

La congresista fue acusada en abril pasado de supuestos cobros irregulares a trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático.

Hilda Portero, de Acción Popular, también forma parte del conteo. Ella, a diferencia de sus compañeras, no está denunciada ante la Subcomisión, pero sí afrontó una indagación en Ética en la que, gracias a sus colegas, fue blindada.

El caso de Portero surgió a raíz de una denuncia que la señalaba como autora de una donación de 200 sillas de ruedas, de las cuales 60 salieron de su bolsillo y las otras 140 del dinero exigido a sus trabajadores. Terminó protegida.

En este tema, ni Alejandro Soto, titular del Congreso, se salva. Al legislador se le acusó de obligar a sus trabajadores a otorgar montos mensuales para contratar publicidad a su favor en redes sociales y en pleno horario laboral. El fin era atacar a sus adversarios políticos en el ciberespacio con cuentas falsas.

Al igual que sus colegas, las denuncias de oficio que abrió Ética terminaron en el archivo pese a que el informe de calificación de la Secretaría Técnica recomendaba declarar procedente la indagación a Soto.

Fueron las bancadas de Fuerza Popular, APP, Bloque Magisterial, Perú Libre y Somos Perú las que apoyaron que el caso de Soto se archive.

PENDIENTE

En medio de estos vergonzosos blindajes, en el Parlamento aún hay casos pendientes. Por ejemplo, la denuncia que afronta Katy Ugarte por concusión o recortes salariales.

Cuando el caso estalló, la parlamentaria apenas había dejado el Bloque Magisterial y se mantenía como No Agrupada. Ahora pertenece a Unidad y Diálogo.

En aquella fecha, el 10 de abril, sus trabajadores la denunciaron por exigirle de 200 a 300 soles de sus haberes, y en el caso de sus asesores, hasta 400 soles. Incluso se le culpó de haber despedido a una trabajadora embarazada.

Al respecto, tanto la Comisión de Ética como la SAC esperan el inicio de la nueva legislatura para proceder a votar el informe final.

El caso de Edgar Tello es similar. El legislador fue denunciado por Marie Silva, su extrabajadora, quien aseguró que Tello le pidió que compre un proyector valorizado en 4 600 soles con dinero de un bono que apenas había recibido el año pasado.

Tras negarse, Silva contó que el legislador quiso despedirla pero se abstuvo por su estado de gestación. Lo que sí hizo fue bajarle el nivel jerárquico de asesora 2 a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

Tello sigue dilatando su caso, desde junio del año pasado, pidiendo reprogramaciones de audiencias.

Otro implicado en esta lista es Jorge Flores Ancachi (Acción Popular). En junio pasado se revelaron audios en los que se le escuchó exigir el 10% del salario a sus trabajadores. Justificó su accionar alegando que esas eran prácticas naturales a las que los congresistas estaban acostumbrados. Ahora, su caso en la SAC está pendiente de elegir al delegado. En Ética, en cambio, está pendiente de votación el informe final.