Una boleta de venta electrónica, entregada por la clínica del doctor Mario Cabani a la defensa de la presidenta Dina Boluarte, ratifica que las intervenciones de la dignataria fueron “operaciones estéticas”.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, confirmó que el 3 de abril se pagó 4500 dólares al galeno. La entrega la realizó en efectivo, en un sobre manila, un trabajador del estudio del letrado.
Contradicción
La boleta consigna un pago por ”Servicio de cirugía plástica y funcional, hospitalización y atención postoperatoria”, según Contracorriente.
Esta versión es contraria a la que dio Boluarte en diciembre de 2024. “Mi cirugía fue necesaria, no estética”, afirmó en un mensaje a la nación.
Lo llamativo en el pago fue que se produjo más 600 días después de dicha operación (29 de junio de 2023). Esto pese a que el galeno habría trabajado “de forma gratuita”, según la defensa de la dignataria el último 20 de mayo.
Suspicacias
Para el abogado Andy Carrión, la defensa intenta establecer, como parte de su estrategia, que “solo se trató de una operación por la cual Cabani debía recibir una retribución”; es decir, dinero.
“Eso es lo que ha promovido el pago posterior, para que mengüe, de alguna manera, el impacto de una eventual imputación por cohecho o tráfico de influencias. Nadie en el mundo te opera gratis”, declaró a este Diario.
Asimismo, afirmó que “si Cabani operó a la presidenta alrededor de dos o tres horas, según se indica, eso abonaría al hecho de que, en rigor, durante ese tiempo, ella simplemente estaba ausente del cargo que le competía”.
“Con ello, entonces, el abandono del cargo estaría incluso probado si es que simplemente se certifica lo que ha mencionado el médico. Esas circunstancias deben de evaluarse de forma global”, manifestó.
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Una opinión similar tuvo el también penalista Jorge Zúñiga. En diálogo con Correo, sostuvo que si bien “la Fiscalía ha abierto una investigación por un delito, en este momento, eso no quita que se abra una nueva carpeta o, sobre la misma, se incluyan otros hechos y se indague”.
En ese sentido, reafirmó que el pago al médico “puede abrir nuevas líneas de investigación a la luz de lo que pueda hallar la Fiscalía, pues “el marco fáctico es el mismo”.
Detalló que de comprobarse que Cabani consiguió puestos públicos para sus allegados, tras difundirse aparentes correos suyos a Boluarte, se podría imputar presunta banda u organización criminal en un contexto parecido al del Caso Los Niños.
“Hay que entrar también al detalle si estas personas fueron contratadas o no. Así podría verse si se postula una imputación por tráfico de influencias”, dijo.
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“En el caso de los niños, la hipótesis fiscal, en su momento, era más o menos la misma: que había un conjunto de congresistas que, a cambio de favores políticos (con el presidente Pedro Castillo), buscaban colocar personas en diferentes espacios del Ejecutivo”, complementó.
En relación a una aparente falta de bancarización, en el pago a Cabani, Zúñiga Escalante consideró que debería consultarse por la “procedencia del dinero y por qué, finalmente, el pago lo hace un abogado” a través de uno de sus trabajadores.
“Creo que ha habido un error de parte del colega (Juan Carlos Portugal) en tanto que la labor de un abogado defensor es ejercer actos materiales de defensa. De allí, a ser la persona que paga servicios de su cliente, es algo que yo creería que sale del espacio del rol de un abogado defensor”, aseveró.
