Con tres temas en la agenda se instalará hoy, a las 11:00 a. m., la mesa de trabajo para la formalización minera convocada por el Ejecutivo, en la que participarán el gremio de mineros, el Congreso y otras instituciones del sector.
En un pronunciamiento, la presidenta Dina Boluarte dijo ayer que el primero de los tres puntos de la agenda es la formalización de 31,560 mineros con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) autorizado.
Los otros dos temas son la implementación de los derechos laborales de los trabajadores y la labor conjunto para tener una Ley para la pequeña minería y minería artesanal, que responda a los intereses de trabajadores, el medio ambiente y el país.
PARTICIPANTES. La mandataria indicó que en la cita participarán el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la titular del Poder Judicial, Janet Tello; el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; representantes de gremios mineros; la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; y el titular de la Comisión de Energía del Parlamento, Paul Gutiérrez.
Subrayó que el Gobierno se mantiene firme y no retrocederá en las decisiones adoptadas en el proceso de formalización, como la exclusión del Reinfo de más de 50 mil registros suspendidos.
PÉRDIDAS. Boluarte también manifestó que la minería ilegal le ha costado al país, en términos tributarios, unos 7,500 millones de soles.
“Con el dinero que la minería ilegal no tributa se hubiera podido financiar 1 500 escuelas primarias rurales o 500 colegios secundarios urbanos, 750 centros de salud de primer nivel, 375 comisarías distritales, ocho plantas de tratamiento de agua residuales, cinco proyectos eléctricos, cuatro establecimientos penales o tres centros de rehabilitación juvenil”, subrayó.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, indicó que esta actividad ilegal generará este año pérdidas por 5,200 millones de soles en Impuesto a la Renta y 2,600 millones en canon minero, lo que afectará la oferta de bienes y servicios para la población.
Precisó que las regiones más perjudicadas serán Puno, con 460 millones de soles; Arequipa, con 450 millones; Madre de Dios, 240 millones; La libertad, 215 millones; Apurímac, 213 millones; y Ayacucho 160 millones.
Añadió que la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), se discutirá en el Congreso a partir de la próxima legislatura.
DENUNCIA. En otro momento, la jefa de Estado señaló que no se pactará con los mineros que se mantienen en la ilegalidad y cuestionó las expresiones de dirigentes mineros que amenazan con derramamiento de sangre y muertes, si no se atienden sus demandas.
“La minería ilegal no tiene cabida en el país y es responsable de dos fallecidos en sus últimas acciones violentas. Hemos restablecido el orden interno y no vamos a permitir que el caos y la violencia se apoderen del Perú “, dijo.
Añadió que el bloqueo de carreteras es parte de un mensaje destructivo en el que se han hecho llamados a que “corran ríos de sangre”, por lo que el Ministerio Público debe denunciar de oficio a los responsables de este tipo de llamamientos.
El analista en seguridad Pedro Yaranga afirmó que el diálogo es necesario y que puede ser viable en la medida que se atiendan los pedidos de los mineros artesanales.
Sin embargo, dijo que se debe “separar la paja del trigo” y ver quiénes son mineros artesanales y quiénes ilegales.
