Cuando, en junio de 2016, el gestor de fondos de inversión Brookfield compró el 57% de las acciones de Rutas de Lima a la empresa brasileña Odebrecht, esta última ya era investigada por corrupción en nuestro país desde el 2015 y en Brasil desde el 2013.
Sin embargo, Brookfield ha anunciado el inicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de un arbitraje contra el Perú, para demandar el pago de 2 mil 700 millones de dólares.
Para ello argumenta que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales le han expropiado tramos concesionados mediante ordenanzas y otras acciones.
INVESTIGACIONES
El escándalo Odebrecht estalló en 2013 en Brasil, cuando la justicia de dicho país descubrió una red de corrupción que operaba desde hace dos décadas y que se había extendido al resto del continente incluyendo el Perú.
Dos años después, en octubre de 2015, el Congreso formó una comisión para investigar el accionar corrupto de esta empresa en nuestro país.
Dicha comisión presidida por el congresista Juan Pari, presentó su informe en junio de 2016, el mismo mes que Brookfield compró a Odebrecht el 57% de acciones de Rutas de Lima.
Tras dicha transferencia las acciones de Rutas de Lima se distribuyeron de la siguiente manera; 57% de Brookfield y sus socios institucionales, 25% de Odebrecht Latinvest y 18% de Sigma.
La concesión entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima se firmó el 13 de enero de 2013 (cuando la hoy procesada Susana Villarán era alcaldesa de Lima) y corresponde a 115 kilómetros que comprende a los tres principales accesos y salidas de Lima: Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.
“Cártel delictivo”
El informe de la llamada “Comisión Pari” extrañamente solo emitió un informe en minoría firmado por Juan Pari.
No obstante, el informe de 650 páginas era revelador y señalaba el “cartel de carácter delictivo” formado en Brasil por las empresas investigadas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, UTC, Queiroz Galvao y otras).
Estableció que dichas empresas “habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú” y “perjudicando al erario público y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero”.
El arbitraje de Brookfield podría afectar al Perú como destino de inversión.
