Los representantes de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta pretenden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) “intervenga en el proceso parlamentario del Perú” para la aprobación de leyes como, por ejemplo, el proyecto relativo a la prescripción de casos por delitos de lesa humanidad.
Así lo advirtieron ayer César Pastor Briceño y Jorge Cáceres Arce, abogados y agentes del Estado peruano, en una audiencia pública de Solicitud de Medidas Provisionales presentada por los familiares de las víctimas de las mencionadas matanzas.
INTERVENCIÓN
En principio, Pastor Briceño resaltó que la iniciativa, de autoría del congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aún no es promulgada, y que por el momento sigue un trámite parlamentario. Además, enfatizó que podría ser observada por la presidenta Dina Boluarte.
Sobre los cuestionamientos, afirmó que la propuesta no es una ley de amnistía, tal y como lo refieren los deudos de las víctimas. “Los condenados de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, conforme a esos tipos penales ordinarios, fueron condenados por el delito de homicidio calificado, secuestro, entre otros. Esta norma no tendría un efecto que generaría lo que ellos señalan, que es la excarcelación de los condenados”, remarcó.
Su colega Cáceres Arce dejó en claro luego que este proyecto no está vinculado al caso de Barrios Altos, y que pedir al Congreso que deje de legislar es atentar el principio de separación de poderes.
“No se pretende hacer una norma gemela o similar a la Ley de Amnistía que protegió al Grupo Colina. Hay que aclarar que si creen que este proyecto se materializa en ley, se haría un control difuso”, indicó.
A su turno, Gloria Cano y Carlos Rivera, abogados de las víctimas, advirtieron que la iniciativa permitirá que los condenados de ambos casos queden en libertad.
