Documento señala que existió una política desde el Despacho Presidencial para beneficiar a varios funcionarios en diversos ministerios
Documento señala que existió una política desde el Despacho Presidencial para beneficiar a varios funcionarios en diversos ministerios

El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto a los contratos del entorno del presidente Martín Vizcarra en el Estado, como el del artista Richard Cisneros (Richard “Swing”)  señala -entre sus conclusiones- que el mandatario favoreció a familiares y amigos en puestos de trabajo.

El documento deberá ser aprobado en el próximo pleno, a fin de que el citado grupo congresal pueda ampliar el plazo de su investigación por 30 días hábiles, según plantea en una de sus recomendaciones.

El objetivo de continuar la indagación busca que se terminen de recibir las declaraciones de personas que no acudieron a la comisión, además de conocer la versión de los implicados en los audios revelados (ver infografía).

FAVORES. El informe  de 160 páginas, al que pudo acceder Correo, detalla que existiría un uso inadecuado del poder en diferentes niveles del Gobierno.

“Este abuso de poder habría sido ejercido usando la norma que regula las contrataciones directas del Estado, desde Palacio de Gobierno, es decir, desde la primera autoridad del Poder Ejecutivo (Martín Vizcarra)”, se alega.

En esa línea, se indica que  funcionarios adscritos al Despacho Presidencial, como Mirian Morales, “plantearon, promovieron y organizaron estos procesos de favorecimientos” en diversos ministerios.

Asimismo, se explica que se mal usó la Ley de Contrataciones para “favorecer a familiares y amigos” del mandatario.

“Estableciéndose prácticas clientelistas, contrarias al propósito de un servicio público basado en la competencia y la meritocracia”, se detalla.

IRREGULAR. En otra parte del informe, se indica que las contrataciones realizadas al entorno del jefe de Estado, como el caso de su cuñado Fredy Herrera Begazo en el Ministerio de Agricultura, vulneraron la normatividad penal y administrativa del Estado, además de los principios de la moral pública.

“El presidente del Estado (República) y sus funcionarios habrían promovido estas prácticas”, se indica.

Luego, las conclusiones destacan que en varios de los casos investigados se han observado  presuntas infracciones constitucionales, en  especial con autoridades a la que les alcanza la inmunidad, así como a altos funcionarios con derecho al antejuicio político.

Por ello, la Comisión de Fiscalización no descartó presentar, en su momento, acusaciones constitucionales  y las denuncias respectivas ante los órganos pertinentes.

PÉRDIDAS MILLONARIAS. Respecto al impacto económico por los contratos aparentemente irregulares suscritos por el actual gobierno, el informe sostiene que, entre enero de 2018 y julio de 2020, en servicios menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se habría afectado al Estado con más de mil millones de soles.

En ese tiempo, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, así como en el portafolio de Vivienda, se gastaron en servicios por consultorías más de S/84 y S/113 millones, respectivamente.