Exdirector Ejecutivo del Gasoducto Sur Peruano admite pagos ilícitos a funcionarios de Proinversión

Por primera vez, un ex directivo de la empresa Odebrecht reconoció ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que la empresa brasileña realizó pagos ilícitos en el Perú para la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), licitado durante el gobierno de Ollanta Humala.

Se trata del arquitecto Rodney Carvalho -exdirector ejecutivo del GSP (julio del 2014 y marzo del 2016)- quien fue interrogado ayer por los fiscales peruanos, en la sede de la Procuraduría Federal de Paraná en Curitiba.

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En concreto, Carvalho declaró que la empresa brasileña realizó pagos ilícitos vinculados a funcionarios públicos de Proinversión, el organismo adscrito al Ministerio de Economía a cargo de la ejecución de la política nacional de la inversión privada.

Estos pagos, para el Equipo Especial cuyo coordinador es el fiscal coordinador Rafael Vela, tuvieron como finalidad “la conquista de la licitación” del proyecto gasífero valorizado en $7 mil millones.

“(Rodney Carvalho) ha confirmado pagos ilícitos, pagos no contabilizados (...) En esos casos, él ha tenido una participación directa, vinculado a pagos en el proceso de conquista de la licitación, pagos relacionados con Proinversion, en el contexto dentro del cual era más favorable a la empresa Odebrecht”, contó el fiscal Vela al término del interrogatorio que se prolongó por más de nueve horas.

Fue tanta la información que ofreció el ex directivo de la empresa brasileña sobre el GSP que se tuvo que postergar para hoy el interrogatorio

a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú. “Su propósito (de Carvalho) fue hacer todo lo necesario y lo ilícito”, señaló Vela.

Codinomes

El exdirectivo también proporcionó a los fiscales peruanos algunos “codinomes” (seudónimos de funcionarios peruanos que recibieron los pagos ilícitos), vinculados a la obra GSP, y confesó que él mismo se encargó de hacer algunos pagos ocultos.

Esto, a propósito de la entrega de información de los servidores My Webday y Drousys, sistema utilizado por Odebrecht como protocolo de pagos de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2), que le fue alcanzado a la Fiscalía hace unos meses.

Según la información obtenida, el sistema Drousys registró 17 transferencias entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre del 2014 por un total de $3 millones 070 mil. De estos, fueron diez los beneficiarios finales del dinero proveniente de la Caja 2 y que pasaron por siete empresas intermediarias.

Como se recuerda, por el proyecto Gasoducto Sur Peruano, Odebrecht Latinvest -el holding de acreedores de la constructora brasileña- ingresó una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado peruano en febrero pasado.

La constructora reclamó el término del contrato de concesión con el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), que integró junto a la española Enagás y la nacional Graña y Montero.

La solicitud de demanda aún no ha sido admitida a trámite por el tribunal arbitral internacional.

Retiro

En otro momento, Rodney Carvalho explicó los pormenores del porqué la empresa Graña y Montero fue retirada del proyecto Gasoducto del Sur. Esto, dijo, se hizo a pedido de la ex primera dama Nadine Heredia, debido a la línea crítica del diario El Comercio al gobierno de su esposo Ollanta Humala.

La declaración de Carvalho coincide con lo vertido por los ex directivos de la constructora peruana Hernando y José Graña, quienes afirmaron que Heredia estaba molesta y que condicionó su participación en el consorcio integrado por Odebrecht y Enagás.

“Sé que Nadine Heredia tuvo una participación muy activa y directa en el proyecto, además tenía una estrecha relación con Jorge Barata. Más de una vez José Graña observó que la comunicación entre ambos era frecuente. Barata comentó a José Graña que en más de una oportunidad Nadine Heredia se había quejado por los artículos de El Comercio que criticaban al Gobierno y le pedía a José Graña que hiciera algo. Cosa que no podía resolver porque los temas editoriales no se veían en el directorio”, dijo Hernando Graña a la Fiscalía.

Historia

En junio del 2014, Odebrecht, en consorcio con la española Enagás y la peruana Graña y Montero, consiguió la adjudicación de la construcción y operación del Gasoducto, luego que el Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, liderado entonces por Edgard Ramírez, ex consultor de la constructora brasileña, descalificó a la unión de las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.

Casi un mes después, el gobierno de Humala, suscribió un contrato por 34 años con Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por el GSP, cuya adjudicación fue valorizada por más de $7 mil millones.

En junio del 2019 se conoció que Odebrecht, además de realizar presuntos pagos ilícitos hasta en cinco proyectos peruanos, también registró transferencias provenientes de la Caja 2 vinculados al caso GSP.

Investigación

Las pesquisas del caso Gasoducto Sur Peruano están a cargo de la fiscal del Equipo Especial, Geovana Mori, quien investiga a la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, por ser el presunto brazo conductor para entregar la concesión de la obra a Odebrecht.

En este proceso, también son investigados exministros del gobierno humalista como Luis Miguel Castilla, Jorge Merino, Eleodoro Mayorga, Carlos Paredes y René Cornejo. Todos ellos tienen impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses.

Hoy le toca a Jorge Barata ante declarar ante los fiscales peruanos sobre los presuntos pagos ilícitos por el caso Gasoducto Sur Peruano.