Casa de Sarratea pasa a manos del Estado

Desde las ocho de la mañana, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder junto a agentes del Equipo Especial de la Policía allanaron e incautaron la casa del jirón Sarratea, el búnker de las reuniones clandestinas que sostuvo el hoy detenido expresidente Pedro Castillo desde cuando aún era candidato.

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La diligencia se realizó tras recibir la autorización del juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía de incautación con allanamiento y descerraje del inmueble ubicado en Breña, por el caso de la presunta organización criminal “Gabinete en la sombra”, cuyo líder sería el hoy detenido expresidente Pedro Castillo y lo integran otras 20 personas.

Según el documento, al que accedió Correo, el juez Concepción también ordenó la desposesión de la vivienda de cinco pisos a su propietario, Alejandro Sánchez Sánchez, y ocupantes que se encuentren en su interior a fin de que el bien inmueble pase a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Como se sabe, Sánchez permanece casi tres meses en la clandestinidad con una orden vigente de prisión preventiva vigente de 30 meses por el presunto delito de organización criminal y otros.

Si bien no es la primera vez que representantes del Ministerio Público ingresan a la casa de Sarratea, en esta oportunidad la diferencia radica en que dicho inmueble pasará a manos del Estado e impedir que no sea transferido a terceros.

La diligencia de ayer estuvo a cargo de la fiscal provincial Kelinda Janampa Oscátegui y tres fiscales adjuntos Edinson Villanueva, Mariela Vilca y Susan Miranda Martínez así como el coronel PNP Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial de la Policía.

Como se recuerda, la casa Sarratea fue escenario de reuniones clandestinas de Pedro Castillo con empresarios como Karelim López e incluso funcionarios como Juan Carrasco Millones, exministro de Defensa.También se reunieron los sobrinos de Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castilllo.

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BÚNKER. En su resolución, el juez Richard Concepción Carhuancho señaló que, de acuerdo a la imputación de la Fiscalía, la casa del pasaje Sarratea habría sido “el centro de operaciones criminales” de la organización criminal Gabinete en la Sombra, “como lugar para la designación de Ministros y funcionarios de alta dirección”.

Entre esos nombramientos irregulares, que no cumplían con el perfil técnico, se tiene el de Jacqueline Perales Olano como jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, un mes y seis días después de visitar la casa de Sarratea. Ello, con la finalidad de direccionar el saneamiento de terrenos a favor de personas allegadas aAlejandro Sánchez Sánchez, según señala la resolución.

Asimismo, es probable que en el interior del inmueble se logre encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la organización criminal en el caso”, se lee en el documento.

Además, el Ministerio Público señala que dicho inmueble se habría utilizado “como un instrumento del delito, de cara al pacto criminal entre los integrantes de la presunta organización criminal”, con el fin de copar las entidades públicas y direccionar procesos de selección a favor de los miembros de la organización criminal y su entorno.

Alejandro Sánchez Sánchez, por ejemplo, aportó la suma de 31 mil 800 soles para la campaña presidencial de Perú Libre, según información técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que fue remitida al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

Sánchez también habría corrido con los gastos económicos de la familia de Pedro Castillo y, sobre todo, habría facilitado el inmueble para que se reúnan de manera subrepticia, para acordar el copamiento de los puestos de trabajo, con la finalidad de direccionar los proyectos de obras pública habría”, según indica la resolución judicial.

Otros presuntos miembros de la organización criminal como Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y el empresario Abel Cabrera Fernández también aportaron a la campaña del partido del lápiz, S/32, 500 y S/ 23,000.

Así, la Fiscalía señala que los tres investigados, con sus aportes, buscaban recibir beneficios económicos y de otros trámites ante el Estado por parte del entonces presidente Pedro Castillo.ANÁLISIS. En total, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder ha presentado 44 elementos de convicción que vinculan a los presuntos integrantes de la organización criminal “Gabinete en la Sombra” con los delitos imputados.

De estos indicios, el juez Richard Concepción Carhuancho estableció que en la casa del pasaje Sarratea se habría direccionado procesos de selección a favor de empresas vinculadas a la organización criminal como en el caso de las obras de la Municipalidad de Cumba, cinco obras de Anguía y explotación del litio ,conforme habría ocurrido con direccionamientos de losproyectos de obras de la Municipalidad de Cumba, cinco obras del municipio de Anguía y explotación del litio.

También la resolución judicial toma en cuenta que en una anterior diligencia de allanamiento a la casa de Sarratea, la Fiscalía halló un organigrama de diversos Ministerios y la propuesta de designación a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para lograr los nombramientos irregulares en puestos claves del Estado a personas afines a la organización criminal.

Por el caso Gabinete en la Sombra, el Equipo Especial de Fiscales investiga a 20 personas, de los cuales cinco cumplen prisión preventiva: Pedro Castillo, Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y José Nenil Medina.

Los demás presuntos integrados incluidos en esta invesgtigación son: el médico Fermín Silva Cayatopa, el exministro Geiner Alvarado, Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo (prófugo), Gian Marco Castillo, Auner Vásquez, Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Eder Vitón y David Pérez Curi, entre otros.

DEMORA. Para el congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, el operativo en la casa de Sarratea se debió realizar cuando el caso explotó, es decir, a finales de noviembre de 2021.

”Debo hacer una crítica constructiva: estos allanamientos y diligencias debieron hacerse mucho antes. Cuando nosotros iniciamos la comisión del caso Sarratea advertimos que el Ministerio Público no estaba realizando una correcta diligencia, una diligencia de allanamiento rápido”, declaró.

En diálogo con RPP, el legislador de Fuerza Popular dijo estar seguro de que no hallarán nada.

”Hubiera sido que antes se debieron hacer estas diligencias para encontrar más evidencias o algunos elementos que conlleven a tener una teoría respecto a cómo se han estado cometiendo estos actos irregulares”, afirmó.