Desde agosto de 2024 se han registrado al menos 35 atentados, con balazos o explosivos, contra choferes y unidades de transporte público; es decir, cada mes hay casi seis de estos ataques perpetrados por bandas criminales.
Estas agresiones, que incluyen amenazas y otros actos de violencia, han ocurrido sobre todo en distritos como San Juan de Lurigancho, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, entre otros puntos de la capital, según una revisión de Correo.
Tal situación ha generado un clima de temor tanto en las empresas de transporte como en los usuarios que dependen de este servicio.
RECUENTO
De acuerdo con la información examinada por este diario, en setiembre se reportó la mayor cantidad de atentados.
En dicho mes hubo por lo menos 10 atentados, seguido por agosto (6), octubre (4), noviembre (7), diciembre (4) y enero (4).
Frente a esta ola de inseguridad, la Alianza Nacional de Transportistas y la Asociación Nacional de Transportistas han convocado a una marcha para el próximo jueves 6 de febrero, con el objetivo de visibilizar el problema y exigir medidas urgentes.
Por un lado, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, destacó la necesidad de ir a un nuevo paro debido a que –aseguró– el 80% de los transportistas sufre amenazas por extorsiones.
El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, y el presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, han considerado por su parte que es prematuro plegarse a una huelga, pues aún no se encuentran “responsables”.
“¿Falla el Gobierno, falla el Legislativo, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público o el INPE? Luego de ese análisis, hablaremos de un paro”, dijo Vargas.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se opuso al paro.
“Necesitamos estar unidos todos los trabajadores, Gobierno y también actores sociales”, agregó.
Es importante indicar que en el último año los casos de extorsión han aumentado. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 21,831 casos de este delito. No obstante, en 2023 hubo 19,947; en 2022, 14,209; y en 2021, 3885.