La Fiscalía de la Nación desarrolló diligencias simultáneas en Lima y Lurín como parte del “caso Ícaro”, en el cual es investigado el ministro de Justicia, Juan Santiváñez.
Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) intervinieron diversas oficinas policiales, fiscales y privadas, incluyendo la Comisaría de Manchay, la la División Policial de Lima Este, la Séptima Región Policial de Lima, la Fiscalía Penal Corporativa de Lurín y la empresa Arenera S.A.C.
El objetivo fue recabar documentación relacionada con un desalojo irregular en un terreno de Cieneguilla que, según denuncias, se ejecutó sin orden judicial vigente.
Según el Ministerio Público, en la diligencia pasada participaron más de 40 policías, algunos de los cuales permanecieron en el lugar hasta el día siguiente, lo que refuerza la tesis de una presunta actuación coordinada entre funcionarios públicos y privados para favorecer intereses empresariales en perjuicio de los legítimos posesionarios del terreno.
El “caso Ícaro” se originó por sospechas de una red criminal enquistada en instituciones del Estado, presuntamente liderada por Juan Santiváñez, y que incluye a oficiales de la Policía Nacional.
La Fiscalía investiga presuntos delitos de colusión simple, cohecho pasivo impropio y encubrimiento real en un caso que también involucra al coronel PNP Percy Tenorio. Según las pesquisas, el oficial habría coordinado operativos policiales irregulares en beneficio de intereses privados.
El Ministerio Público sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de uso indebido de recursos públicos y efectivos policiales para ejecutar desalojos sin sustento legal.
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