A dos meses de cumplir su condena de 35 años por terrorismo –3 de enero del 2026–, la libertad del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), depende de lo que determine un juzgado del Poder Judicial.
La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva en su contra por once homicidios a miembros de la comunidad LGBTI, ocho de ellos comprendidos en el Caso “Las Gardenias”, y terrorismo agravado. La audiencia se llevará a cabo el miércoles 26 a las 9:00 a.m.
“Las gardenias”
La organización terrorista del MRTA tenía entre sus directrices una política “dirigida a la eliminación física (…) de delincuentes, homosexuales, drogadictos, entre otros”.
La política de exterminio, denominada “Limpieza social”, se implementó en agosto de 1988, tras un acuerdo del Comité Central –encabezado por Polay–, y se extendió hasta julio de 1992; es decir, se mantuvo vigente por al menos cuatro años. Fue en dicho periodo en el que se registraron los once asesinatos atribuidos al cabecilla emerretista.
Todos ocurrieron en la región San Martín, en la que el MRTA tenía “concentrado” su centro de operaciones. El 31 de mayo de 1989, al promediar las 3:40 p.m., se ejecutó el primer ataque. Seis terroristas, al mando del también investigado Lino Manrique Tuya (“Camarada Joselo”), “ingresaron violentamente al bar-discoteca Las Gardenias, ubicado en el asentamiento humano 9 de abril, en Tarapoto”.
“Del lugar se tenía conocimiento que funcionaba un bar gay clandestino (…) (los emerretistas) retiraron del local a ocho personas.
Luego de someterlos, indefensos, los colocaron en fila y los ejecutaron con disparos de armas de fuego en la cabeza”, recoge el requerimiento fiscal revisado por Correo. Este añade que los cuerpos fueron abandonados en un lugar distinto.
Dos de ellos nunca fueron identificados. Ocho días después, la organización se adjudicó la masacre a través de su semanario Cambio.
“El MRTA decidió acabar con estas ‘lacras sociales’ que eran utilizadas para corromper a la juventud”, escribió la sanguinaria agrupación.
Más muertes
Este proceso también comprende los homicidios de Luis Alberto Pinchi Vásquez, Silvano Vela Carbajal y Salomón Pérez Armas. El primero de ellos era un “conocido y destacado estilista; dirigía un salón de belleza, vestía de mujer y abiertamente dio a conocer su orientación sexual”.
Según detalla la Fiscalía, Pinchi era un “prominente ciudadano de Tarapoto, uno de los primeros travestis en la época de los 80”.
Inicialmente, los emerretistas “le cobraban cupos”, sin embargo, el 30 de septiembre de 1990, un grupo encabezado por el también procesado Sístero García Torres (“comandante Ricardo”) lo asesinó de un disparo en la cabeza.
La víctima se encontraba con un grupo de amigos cuando fue secuestrado y retirado de la ciudad. En circunstancias similares asesinaron a Vela Carbajal, quien fue abordado por veinte emerretistas en agosto de 1991 cuando se encontraba en su vivienda.
“El proyectil le alcanzó el pecho, falleció en el lugar y, seguidamente, dejan su cadáver en la carretera de Agua Blanca (Sisa)”, se detalla.
Finalmente, a Pérez Armas “lo extrajeron violentamente” de la casa de una amiga suya, cerca de las 5:00 a.m., el 12 de julio de 1992. Fue asesinado de un disparo y hallado en una zanja. Tenía solo 21 años.
El rol de Polay
La Fiscalía pide cadena perpetua para Polay. El caso, a cargo del fiscal Rubén Anicama Medina, se encuentra en fase de control de acusación, la instancia previa al juicio oral.
Además del cabecilla emerretista, son acusados María Cumpa, Peter Cárdenas y Alberto Gálvez, todos miembros del Comité Nacional del MRTA; y Sistero García y Lino Manrique, quienes ejecutaron los crímenes al frente de un comando.
La imputación es clara: se acusa a Polay Campos, en su condición de “líder y fundador miembro de los máximos órganos del MRTA”, de “crear, diseñar y aprobar el lineamiento (…) ‘Limpieza Social’”.
Una tarea en la que cooperaron los también cabecillas Cumpa Miranda, Cárdenas Schulte y Gálvez Olaechea.El fiscal sostiene que la “voluntad” de Polay “no era una sugerencia, sino la fuente suprema de la regla que mandaba la conducta de miles de cuadros, milicianos y comandos subalternos”.
Además, recordó que el MRTA tenía una estructura con un orden de mando vertical.
“Para el máximo líder, la clave no es la capacidad de dar órdenes directas o individuales, sino la de mantener vigente la política criminal”, puntualizó.
Fuga latente
La Fiscalía esgrime hasta cinco argumentos que demuestran la falta de arraigo de Polay en el país. No solo carece de un domicilio real, sino que “antes de iniciar su llamada lucha armada” tuvo residencia en Francia y España, “donde cursó estudios universitarios”.
Si bien recibió tres inmuebles en el Callao y uno en La Molina, tras el deceso de su madre, valorizados en tres millones de soles, el Estado tiene el 100% de los derechos, pues tiene pendiente una reparación civil de S/50 millones.
Particular atención merecen los antecedentes de fuga del acusado y sus nexos con el extranjero.
El 9 de julio de 1990 escapó del penal Miguel Castro Castro “a través de un túnel cuya construcción fue dirigida por Cárdenas”. Sería recapturado tres años después.
Además, Cárdenas Schulte, Gálvez Olaechea y Cumpa Miranda “se encuentran fugados a la acción de la justicia y con estadía vigente en países de Europa” (ver infografía).
Por ello, “se advierte que tiene contactos en el extranjero (…) que le permitirían tener la potencialidad de acogerse en dichos países y solicitar, como ya lo hicieron otros, la calidad de refugiado”.
Tampoco tiene arraigo familiar, pues su esposa y dos hijos no residen en el Perú. Obtuvieron asilo político en la embajada de Suecia en 1989 y actualmente figuran en el Registro de Nacionales del Consulado General del Perú en Buenos Aires, Argentina.
