En la cuerda floja parece encontrarse el proceso penal que enfrenta el expresidente Martín Vizcarra por el Caso “Richard Swing”.
El juez Juan Carlos Checkley decidirá el lunes 26 de octubre, a las 8:00 a.m., si anula lo actuado y retrotrae el caso hasta el momento previo de la acusación.
En curso
El caso se refiere al presunto favorecimiento a Cisneros para la obtención de nueve órdenes de servicio, en el 2018, valorizados en S/40 000 en promedio, en el Ministerio de Cultura (Mincul).
El control de acusación se inició el último 29 de septiembre. En la segunda audiencia, sobreseyó la única imputación (peculado) contra la exministra Patricia Balbuena (Mincul), a pedido de la Fiscalía, debido a que no tuvo “una intervención funcional” en la contratación.
La Fiscalía precisó que el exsecretario general del Mincul, Jorge Apoloni, también es investigado en un proceso, a cargo de otro despacho, que se encuentra en fase de control de acusación. La Secretaría General de la cartera tenía a su cargo “tramitar” los informes que otorgaban el visto bueno para brindar las órdenes de servicio.
“De los actuados descritos en el requerimiento fiscal se advierte que se realizaron diligencias orientadas a establecer la intervención de Balbuena Palacios en los hechos materia de imputación; sin embargo, los elementos de convicción incorporados no permiten establecer que haya tenido bajo su percepción, administración o custodia los caudales públicos objeto de cuestionamiento ni una intervención funcional en el procedimiento administrativo que determinó la contratación”, indicó el magistrado.
Por su parte, la defensa de Vizcarra, ejercida por Erwin Siccha, pidió que el caso retroceda hasta la fase previa de la acusación.
Según indicó, la Fiscalía cambió la “tipificación” (delitos) sin autorización judicial y los “hechos” atribuidos no siguieron el procedimiento especial, en fuero parlamentario, para altos funcionarios públicos.
Esto debido a que la Fiscalía imputa ahora negociación incompatible (o aprovechamiento indebido del cargo) como pretensión principal y tráfico de influencias como subordinada, contrario a como inicialmente postuló.
La fiscal Cristina Perinango alegó que esta variación quedó fija mediante una resolución de mayo último, con la que se cerró la fase preparatoria. Añadió que Balbuena pidió un control de plazo en ese entonces y que la defensa de Vizcarra no se opuso a la disposición.
De acuerdo a su hipótesis, el delito de tráfico de influencias fue cometido por Vizcarra a cambio “del silencio de Cisneros (respecto al Caso “Chincheros”), así como su apoyo como asesor de marketing político”.
Esto fue cuestionado por Siccha, quien señaló que, en relación a dicha imputación, solo se planteó que el exmandatario buscaba “viabilizar su vínculo amical” con Cisneros.
Cisneros, según postula la Fiscalía, “apoyó en la campaña presidencial del 2016 y además poseía información reservada, y de primerísimo nivel, sobre el Caso ‘Chincheros’, en el que Vizcarra estuvo involucrado en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones”.
La Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de prisión para Vizcarra por un extremo y 6 años y 8 meses por otro. Para Cisneros, pide 6 años y 8 meses de cárcel.
