LIMA, 19 DE ABRIL 2021

Segundo despacho de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de Lima norte interviene la sede del Ministerio de Salud (Minsa) para recoger información relacionada al caso de la irregular vacunación de funcionarios públicos con dosis de Sinopharm. Encuentran documento lacrado sobre expediente de contratación con laboratorio chino Sinopharm. 

FOTOS: JESUS SAUCEDO
LIMA, 19 DE ABRIL 2021 Segundo despacho de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de Lima norte interviene la sede del Ministerio de Salud (Minsa) para recoger información relacionada al caso de la irregular vacunación de funcionarios públicos con dosis de Sinopharm. Encuentran documento lacrado sobre expediente de contratación con laboratorio chino Sinopharm. FOTOS: JESUS SAUCEDO

El expediente del caso “Vacunagate” -que indignó a todos los peruanos por la irregular vacunación contra la COVID-19 con dosis experimentales de Sinopharm a más de 400 personas en 2020- está estancado y con riesgo de archivarse.

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El 15 de febrero del 2021, la fiscalía corporativa especializada anticorrupción de Lima Norte abrió investigación preliminar por este caso “contra los que resulten responsables” por ocho meses.

Luego, el fiscal Marco Carrasco Campos, dispuso ampliar por ocho meses para esclarecer las responsabilidades penales de quiénes se beneficiaron con la irregular vacunación y, sobre todo, de quiénes ordenaron esta medida.

Fuentes allegadas a este caso en el Ministerio Público aseguraron que la fiscalía anticorrupción de Lima Norte ha enviado informes a diferentes fiscalías de Lima Centro para que asuman la carpeta debido a su magnitud y complejidad del caso.

Así, la carpeta fiscal fue enviada al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que dirige Marita Barreto, “por tratarse de involucrados que ocuparon importantes cargos en el Estado” como exfuncionarios del Minsa y otros.

Esto relacionado también a la investigación que se realizaba de manera paralela, en la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, al haber sido altos funcionarios y ser, en consecuencia, aforados.

Sin embargo, el equipo que dirige la fiscal Barreto respondió a la fiscalía anticorrupción que no eran competentes para ver el caso “Vacunagate” a nivel provincial, por lo que el caso retornó a Lima Norte.

Similar respuesta obtuvieron de otra fiscalía de Lima que se declaró no competente para ver el caso.

Mientras sucede este embrollo de trámites, la fiscalía anticorrupción de Lima Norte enviará en los próximos días un nuevo informe a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Anticorrupción de Lima.

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PELIGRO. El abogado penalsita Andy Carrión explicó a Correo que una investigación preliminar que culmina “contra los que resultan responsables” tiene poco éxito de avanzar y terminar en una sanción penal.

“La fiscalía puede abrir investigación preliminar contra los que resulten responsables porque es un estándar bien bajo, basado por ejemplo en la declaración de una persona. Pero el estándar para pasar a la etapa de investigación preparatoria es diferente”, dijo Carrión Zenteno.

Sostuvo que se debió individualizar, en primer lugar, las responsabilidades antes de cerrar la investigación preliminar. “La fiscalía que asuma este caso tiene dos opciones: formalizar la investigación preparatoria o archivar, pero sin presuntos responsables identificados es difícil la primera opción”, estimó.

En esa línea, dijo que la Fiscalía puede evaluar la alternativa de disponer un “archivo provisional del caso”, que implica -según explicó- que si una de las partes involucradas presenta una prueba nueva el caso puede reabrirse. Y aquí es clave la participación de la Procuraduría Anticorrupción, como defensa legal del Estado abocada a esta investigación.

Añadió que un eventual archivo del caso puede afectar al expediente que se encuentra en la Fiscalía de la Nación contra Martín Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete. “Si eventualmente la fiscalía provincial que asuma el caso, lo archiva, entonces puede tener consecuencias por un principio técnico de “unicidad””, concluyó.