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“Pedro Pablo Kuczynski es un adulto mayor que ha tenido que esperar siete años para que caduquen las restricciones que tenía para ir a visitar a su esposa a Estados Unidos”, así justificó el abogado Julio Midolo el intento de su patrocinado de viajar dos días antes de que se realice la audiencia donde se evaluaría su impedimento de salida del país.
Si bien el Poder Judicial (PJ) resolvió dictar 18 meses de impedimento de salida para el expresidente al considerar que existe un peligro de fuga, lo cierto es que los procesos judiciales en el Perú avanzan a un paso de tortuga.
En promedio, un caso emblemático que tiene como principal acusado a un político, tarda más de ocho años en obtener una sentencia en una primera instancia.
TIEMPO
Uno de los casos que evidencia el promedio que tarda en resolverse un proceso judicial es el de Alejandro Toledo.
Al expresidente se le inició una investigación el 6 de febrero de 2017 porque habría recibido un soborno de 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Sin embargo, Toledo Manrique ya había salido del Perú el 11 de enero de ese año rumbo a Panamá y luego a Estados Unidos.
El 28 de diciembre de 2017, la Fiscalía presentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho el requerimiento de extradición.
El procedimiento fue extenso, pues el exmandatario llegó al Perú recién el 23 de abril de 2023 para cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva.
El 16 de octubre de ese año inició el juicio oral en su contra, pero casi un año después de extensas sesiones se obtuvo una sentencia.
El PJ le impuso 20 años y seis meses de cárcel. Es decir, pasaron ocho años y cuatro meses para que reciba una sanción.
Por ahora, Toledo se encuentra en el penal de Barbadillo a la espera de que un recurso de apelación pueda salvarlo.
Otro caso similar es el del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
Ambos fueron acusados por recibir dinero de origen ilícito de Venezuela y de Odebrecht para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El proceso inició el 11 de octubre del año 2016, pero obtuvo un resultado final el 21 de febrero de este año.
Ambos fueron sentenciados a 15 años de prisión, pero solo el exmandatario Humala se encuentra preso, pues la exprimera dama se refugió en Brasil, país en el que recibió asilo político.
Desde el inicio de la pesquisa hasta la sentencia en primera instancia pasaron ocho años y ocho meses.
EXPECTATIVA
Además de los dos expresidentes antes mencionados, hay otros políticos que todavía no reciben sentencia absolutoria o condenatoria (ver infografía).
Entre ellos están Keiko Fujimori, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y César Villanueva.
Un caso particular es el del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien podría tener una condena antes de los seis años.
Al el exjefe de Estado se le inició una investigación por un presunto soborno que recibió de 2.3 millones de soles a cambio de entregar los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, cuando se desempeñaba como gobernador de esa región.
La Fiscalía solicita 15 años de pena de cárcel por el delito de cohecho.
El proceso en su contra fue abierto el 21 de octubre de 2020. Sin embargo, por ahora se encuentra en la etapa del juicio oral con la presentación de peritos.
Es decir, hasta la fecha pasaron cuatro años y siete meses desde que se inició el caso, pero si las sesiones se realizan de manera periódica, podría recibir su condena este año.
El juicio de su caso se retoma el lunes 16 de junio a las 9 de la mañana.
ANÁLISIS
Es válido preguntarse, ¿por qué demora tanto en resolverse un caso emblemático en el Perú? De acuerdo con penalistas consultados por Correo hay una serie de elementos.
Para el abogado Andy Carrión, un primer factor es que la Fiscalía orienta mal su capacidad logística, pues se dedicó en los primeros años a solicitar prisiones preventivas.
“Esas eran victorias temporales, porque fueron medidas que su mayoría se revocaron más tarde en alguna sala”, indicó.
Además, mencionó que la pandemia juntó en contra de los procesos, porque los procesos de colaboración eficaz con Brasil se complicaron.
Un tercer elemento vinculado a la participación de la Fiscalía es la sobreabundancia de actos de investigación que no están enfocados en los casos.
Al respecto, Carrión dijo que si se observan las carpetas fiscales, hay demasiados detalles, se toman declaraciones que no son importantes y se requieren muchos documentos que no aportan en las pesquisas. Sin embargo, el abogado recordó que esa responsabilidad pasa por los jueces, porque son ellos los que permiten la presentación innecesaria de pruebas.
“Los jueces deben decir qué no sirve, qué se puede depurar durante la acusación antes de ir a juicio”, sostuvo.
Para el abogado, la carga procesal que existe en el Poder Judicial no permite programar una mayor cantidad de audiencias para agilizar los casos.
EN CONJUNTO
Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio consideró que la responsabilidad de la demora en los casos judiciales no solo es de la Fiscalía y el Poder Judicial, sino también del Ejecutivo y del Congreso.
“Se han modificado normas procesales. Por ejemplo, se fijó un plazo para la investigación preparatoria, así como para la prisión preventiva y eso no es un hecho gratuito o no es ajeno a los intereses políticos que hay de por medio”, indicó.
El abogado recordó que en los últimos años, el Parlamento realizó una serie de modificaciones en las normas que dificultan las investigaciones, en ocasiones, estas leyes no fueron observadas por el Ejecutivo.
Además, dijo que existe un sector de la prensa que distrae a la opinión pública de los casos emblemáticos relevantes.
“Hay una corresponsabilidad entre el poder político, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque todo están entrelazos”, concluyó.
