Como se recuerda, los seis nuevos magistrados del TC fueron elegidos por el Pleno del Congreso en mayo pasado. (Foto: Tribunal Constitucional)
Como se recuerda, los seis nuevos magistrados del TC fueron elegidos por el Pleno del Congreso en mayo pasado. (Foto: Tribunal Constitucional)

La denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo ha obligado a este a presentar todo tipo de recursos para frustrar su avance.

Ayer, el jefe de Estado adujo que no había leído el contenido de la acusación y por ello solicitó que la Comisión Permanente reprogramase la sesión que iba a sostener hoy para evaluar y votar el tema. A la cita había sido invitado Castillo y su defensa legal.

Fueron dos las cartas que remitió Castillo al titular del Parlamento, José Williams, en las que solicitó la reprogramación de su citación y pidió leer las actas de la denuncia antes de concurrir al Congreso.

La Comisión Permanente aceptó y sesionará ahora este viernes 18 de noviembre, pero para discutir otros temas, como el informe final sobre las denuncias formuladas contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Por lo pronto, no hay una nueva fecha para abordar la denuncia constitucional contra el jefe de Estado.

Según informó a Castillo el titular del Congreso, José Williams, el presidente o su defensa legal tienen a partir de hoy a su disposición el contenido de la acusación y se le informará la fecha de la nueva sesión de la Comisión Permanente.

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional (TC) evaluó los dos hábeas corpus interpuestos por Castillo para anular el trámite iniciado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

DEBATE. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó de forma presencial y remota para escuchar los informes orales de 20 causas, entre ellas los dos hábeas corpus presentados por la defensa de Pedro Castillo: Uno contra la Procuraduría Pública del Parlamento y el otro contra los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En ambos casos, por el tema de traición a la patria.

Uno de los recursos, contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, fue formulado por el abogado del mandatario, Eduardo Pachas. En el documento, consideró que no existe debida motivación en el referido grupo de trabajo para evaluar el tema y advirtió que si el caso llega al pleno del Legislativo, se pondría en riesgo la libertad personal del mandatario y su permanencia en el cargo.

En la sesión también participó el representante de la Procuraduría del Parlamento, Yuri García Cano.

En su intervención, el abogado el Congreso de la República señaló con respecto al trámite de la denuncia contra el mandatario que el Parlamento se encuentra ejerciendo sus prerrogativas constitucionales de control político.

“Aquí no ha habido todavía una decisión de fondo. A quien le toca tomar una decisión de fondo en el mejor de los casos es a la Comisión Permanente y, en caso avanzara este procesamiento, obviamente es el pleno del Congreso quien tendrá esta decisión final”, precisó.

En ese sentido, García Cano descartó que se haya afectado el debido proceso como señala la parte demandante y solicitó que se desestime el recurso formulado a favor del mandatario.

Al respecto, Eduardo Pachas, parte de la defensa legal del presidente, cuestionó que en la denuncia contra Castillo no se califique de forma clara el hecho que habría constituido o dado la apariencia de la comisión del delito que se sindica.

“Esto no tiene la razón de ser porque la propia denuncia, que no adjunta el video, pero la atesta en el punto 2, pone la frase ‘no se va a entregar el mar a Bolivia’. Lo correcto hubiera sido que en primera fase se archive este proceso”, refirió.

La acusación planteada contra el jefe de Estado parte de las declaraciones que brindó en una entrevista a la cadena CNN En Español en enero pasado. En ella, el mandatario indicó que llamaría a consulta popular a los peruanos sobre una posible salida al mar para Bolivia.

“La respuesta es que no es delito y debió haberse archivado en primera opción. Pero, ¿qué hacen? Lo parafrasean, lo esconden y buscan los votos y dicen: ya tenemos los votos contados porque esta vendría a ser la tercera forma de vacarlo”, recalcó Pachas.

A modo de réplica, el abogado del Congreso remarcó que los requisitos para la admisión de la denuncia se cumplieron, punto que no fue puesto en duda en la audiencia ni en la demanda de los abogados del mandatario

INTERVENCIÓN. Durante la sesión, algunos magistrados del TC señalaron las atribuciones del Legislativo para procesar las denuncias constitucionales. Otro grupo criticó duramente el sentido de los fundamentos de la denuncia contra Castillo. Este último aspecto fue difícil de justificar por parte del representante de la Procuraduría Pública del Legislativo, Yuri García.

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse le consultó al abogado representante del Parlamento acerca del “acto material” que se había considerado para señalar que el mandatario cometió el aparente delito de traición a la patria.

García indicó que el informe contempla “las intenciones que aparentemente habría tenido” Castillo Terrones antes de asumir la Presidencia respecto a una posible salida del mar para Bolivia, además de lo expresado en la entrevista con Fernando del Rincón, de CNN. “Si es que vemos el informe final, lo que justamente es un tema de un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la Subcomisión, por lo que lo califica en un acto de tentativa”, señaló.

El magistrado Gutiérrez continuó: “En conclusión, la opinión es un delito. Señor abogado, esa postura me preocupa mucho porque estamos hablando de un hermano como Bolivia (...). ¿Usted cree que la opinión es un delito? ¿O cómo el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, de actuación, un decreto de urgencia, un acuerdo del Consejo de Ministros?”.

En respuesta, García Cano indicó que no se hacía referencia a un acto material como el descrito en el documento de la Subcomisión después de las declaraciones señaladas por Castillo.

Luego de las deliberaciones, el caso quedó al voto.

CAMBIO DE FECHA. Por la noche, la Oficialía Mayor informó de la suspensión de la sesión prevista para hoy en la Comisión Permanente -por el tema de traición a la patria- tras un acuerdo de la Junta de Portavoces.

La Comisión Permanente sesionará el viernes 18 de noviembre al mediodía, pero para discutir otros temas.