Chávez: "Humala es un rehén de las ONG de DD.HH."
Chávez: "Humala es un rehén de las ONG de DD.HH."

A la legisladora fujimorista Martha Chávez nadie le quita de la cabeza que son motivos económicos de las ONG's autoproclamadas defensoras de los derechos humanos, los que la quieren fuera de la coordinación de un grupo de trabajo en la Comisión de Justicia. En esta entrevista, denuncia además que el presidente Ollanta Humala viene siendo chantajeado por la CNDDHH y advierte que nadie impedirá que el informe final de la CVR sea fiscalizado.

C: Para sus detractores y el oficialismo, usted es 'negacionista' de los derechos humanos y no califica para coordinadora en la comisión de Justicia.

Martha Chávez: No es el por tema de los derechos humanos por lo que se está en contra de mi designación. Este año, al grupo de los derechos humanos se agregaron dos temas: A pedido de Heriberto Benítez, el seguimiento de las recomendaciones del informe de la CVR y el proyecto para que el Congreso sea informado concretamente de las estrategias y respuestas que el Estado va a dar a las demandas de derechos humanos en los organismos internacionales para evitar sorpresas en los allanamientos ante las denuncias de estas oeneges como la Coordinadora de DD.HH., el IDL y Aprodeh. Estos dos temas son los que han pisado callos porque hay algo que quieren tapar construyendo tabús.

C: ¿Intereses económicos?

MCH: El móvil es económico, es muy claro. O sea, se les acaban las oportunidades de concertar arreglos bajo la mesa. El otro tema es la CVR, no quieren que se sepa en qué se gastaron los casi 20 millones (dólares) y a quiénes contrataron. Por el momento, ya sabemos que (Gustavo) Gorriti fue remunerado. Sabemos que ha escrito páginas y páginas a favor de la CVR. Él tenía que haber advertido, por decoro, que quien escribía ha sido consultor, asalariado y contratado por la CVR.

C: ¿A qué arreglos bajo la mesa se refiere?

MCH: Se presentan casos falsos. Acabo de recibir una denuncia de un suceso en 1985 donde, en Villa el Salvador, Sendero Luminoso asesinó a tres personas. Resulta que la CVR acabó agregando una cuarta víctima. ¿Estará en la lista de indemnizados y en el comité de reparaciones? Es por eso que algunos no quiere que se investigue.

C: ¿Usted cree que hay un negociado en las indemnizaciones que paga el Estado?

MCH: No se sabe nada de cuántos ingresos perciben Rocío Silva Santisteban (CNDDHH), Carlos Rivera (IDL) y Francisco Soberón (APRODEH) y otros. Las ONG viven de las donaciones internacionales y les cortan un porcentaje importante a las víctimas respecto a las cuales consiguen indemnizaciones. Ellos van generando casos. Esta gente aprovecha un vacío en la legislación porque absurdamente el Estado peruano no indemniza a las víctimas de Sendero Luminoso sino a las víctimas de los llamados "agentes del Estado". Hay un negocio de los derechos humanos y si en algo he contribuido es a poner la discusión.

C: ¿Qué impresión tiene del rol judicial que juegan las ONG en el Perú?

MCH: Tienen un aparato judicial muy claro. Hay esos llamados 'Abogados por la Democracia' que me hace recordar a los 'abogados democráticos' que había en el tiempo de Sendero. Captan dinero para defender a terroristas. En estas ONG hay gente vinculada al terrorismo y hacen actividades para que los senderistas y emerretistas los liberen de las listas negras que hay en Europa y denuncian especialmente a las Fuerzas Armadas. Todo esto a consecuencia de la CVR.

C: ¿Hubo un sesgo en los comisionados de la CVR?

MCH: Fue tan maquiavélicamente concebida que es evidente que es un arma de venganza. Esa comisión, quienes la idearon, la planearon por decreto supremo y no hicieron que esa ley pasara por el Congreso cuando en todos los países del mundo las comisiones de la verdad han nacido por decisión legislativa. Se gestó en los 8 meses del gobierno de transición (de Valentín Paniagua) y lo terminó de santificar Alejandro Toledo. Ya se sabe que fue Javier Ciurlizza (por entonces secretario del titular del MINJUS, Diego García Sayan) quien tuvo reuniones con Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre en la que se trató los nombres de quiénes deberían conformarla. Eso le quita total legitimidad.

C: ¿Por eso se plantea evaluar sus conclusiones?, ¿porque se advierte una investigaciones con cálculo político?

MCH: Veamos. El periodo de estudio que le dieron a la CVR fue de dos décadas: 80's y 90's. ¿Por qué no hicieron los 70's donde se preparó el terrorismo? Porque era el gobierno militar, donde los que luego fueron designados comisionados eran actores principales de un marxismo leninismo activísimo. Estoy hablando de Carlos Iván Degregori, Sofía Macher, Efraín Morote, Carlos Tapia y otros más. A los gatos los pusieron de despenseros.

C: Usted denunció actos de corrupción de Sofía Macher en la CVR.

MCH: Me llegó una denuncia respecto a que la señora Macher le compró a Amnistía Internacional archivos que no se sabe de qué son, con la particularidad de que quien era responsable de eso era su pareja, el señor Hans Landolt. La compra habría sido de varios miles de dólares sin concurso público de por medio. Ahora vemos que se están destapando las planillas secretas de los que trabajaron en la reforma del Poder Judicial.

C: Eda Rivas y Wilfredo Pedraza, además del exministro Francisco Eguiguren y César San Martín trabajaron en esta reforma...

MCH: Eso es doble moral y aprovechamiento político. En el fujimorismo se vio apertura para incluir a personas de distintas ideologías. El brazo derecho de José Dellepiane, aparte de Eda Rivas, fue Luis Vargas Valdivia, quien como procurador lo procesó por documentos que él preparó. Entonces, qué falta de ética, muerden la mano de quienes les dio de comer. No tienen bandera. Lo peor es que dicen, como si ellos no hubieran sido parte, que el fujimontesinismo dominaba el PJ. A ellos no les gusta que se les ponga en evidencia.

C: ¿No la mueve la venganza en el deseo de dirigir este grupo de derechos humanos?

MCH: Yo quiero justicia, que se caigan estos falsos ídolos de barro como lo que pasa con estas ONG's que denunciaron en el 2006 al presidente Ollanta Humala como violador de derechos humanos por el caso de Madre Mía y después se olvidaron de su denuncia y se subieron a su coche electoral. Pero hoy nuevamente la señora Silva Santisteban viaja todos los meses, auspiciada 'Americas Words' para denunciar a Humala. Le están preparando la camita, le preparan el expediente.

C: ¿Por eso el Gobierno se opone a su elección?

MCH: Es hipocresía y sinvergüencería. Creen que pueden engañar a la gente, pero son malas intenciones y dolo. La principal muestra de que no les interesó el tema de derechos humanos es que en tres oportunidades, yo como coordinadora, cité a los dos miembros del humalismo, Cenaida Uribe y José Urquizo, y nunca fueron. Humala está tomado por el cuello, es un rehén de las ONG's. Lo tienen así: como tú levantes cabeza, te vamos a sacar, y como ahí hay algo pegado con babas porque aparentemente hubo compra de testigos y desaparición de expedientes, entonces vemos lo que está pasando ahora. Está presionado por las ONG.

C: Benítez dice que usted desnaturalizó la propuesta de evaluación a la CVR.

MCH: Sigo siendo la coordinadora, pero yo soy un voto más. El plan de trabajo aún no se ha puesto a consideración y al final serán los 5 miembros del grupo los que lo definirán. Si paralelamente con el seguimiento de las conclusiones hacemos una indagación y aproximación a lo que significaron los trabajos de la propia comisión, estaremos bien porque nuestra función es legislativa, fiscalizadora y de representación y nadie nos lo puede impedir.

C: ¿Por qué no procedería una sanción contra el expresidente Alberto Fujimori por la entrevista a RPP?

MCH: Se está hostigando al Presidente. Hemos estudiado el tema de libertad de expresión y derecho a la información y la condición de un detenido. Fujimori no pierde su calidad de ser humano por estar detenido. Tiene un régimen de carcelería que le permite acceder a un teléfono público.

C: ¿Pero como reo no necesita autorización para dar una entrevista?

MCH: Fue una comunicación abierta y el INPE y el Ministerio de Justicia tiene que saber que el derecho a la información y a la expresión no puede estar sujeto a censura previa. Es un análisis posterior. Esto es un abuso que busca deteriorar la salud del presidente, lo quieren matar.