El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, advirtió que la situación del transporte público en Lima y Callao es “catastrófica” debido a la ola de extorsiones que enfrentan las empresas del sector.

En declaraciones a RPP, señaló que la decisión de suspender operaciones busca proteger a los trabajadores, quienes se encuentran en riesgo constante ante la delincuencia.

Martín Ojeda precisó que hasta ocho compañías de transporte han decidido no operar desde este lunes 29 de setiembre, extendiendo la medida iniciada el sábado 27. Entre ellas figuran Santa Catalina, Flores, la 47 y Vipusa, cuyos representantes acordaron mantener la paralización hasta que existan garantías mínimas de seguridad.

El dirigente cuestionó la falta de coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar el problema, señalando que el Consejo Nacional de Seguridad “no existe” y que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial actúan de manera desarticulada.

Aunque reconoció recientes operativos policiales y la captura de cabecillas criminales, indicó que las amenazas contra transportistas continúan.

Martín Ojeda recordó que en Lima y Callao se realizan actualmente alrededor de 15 millones de viajes diarios, de los cuales cinco millones corresponden solo a San Juan de Lurigancho. La paralización, advirtió, genera un fuerte impacto en la movilidad de los ciudadanos, similar al ocurrido el 10 de abril cuando se interrumpieron 11 millones de viajes en un solo día.

Finalmente, relató que en países como Colombia la criminalidad en el transporte ha llegado a tal punto que las bandas criminales exigen tener personal y vehículos dentro de las flotas.

Advirtió que una situación semejante empieza a repetirse en el Perú, por lo que pedirá en próximas reuniones con el Gobierno una articulación real de medidas para salvaguardar a los transportistas.

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