El Ejecutivo encabezó este viernes, en Palacio de Gobierno, la segunda sesión de la mesa de trabajo sobre formalización minera, con la participación de representantes de la minería artesanal e informal, así como congresistas y representantes del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y, esta vez, del Ministerio Público.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, había expresado su malestar por no haber sido incluida en la primera reunión. En respuesta, el fiscal superior ambiental Frank Almanza confirmó la asistencia del Ministerio Público en esta nueva sesión.
Precisamente, esta fue la llegada a la puerta Perú de Palacio de gobierno del fiscal especializado en material ambiental Frank Almanza, quien representará al Ministerio Público en la mesa técnica para la formalización de la minería artesanal.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, detalló que se han programado ocho sesiones en dos meses y que en esta segunda reunión comenzaron los debates técnicos.
La mesa de trabajo tiene tres objetivos principales: definir estrategias y procedimientos para la formalización efectiva de más de 31 mil mineros registrados; elaborar una nueva ley que regule a la pequeña minería y minería artesanal por los próximos 25 a 30 años; y garantizar el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores mineros en vías de formalización.
Montero también señaló que el Ejecutivo busca facilitar contratos de explotación entre los mineros en proceso de formalización y los concesionarios titulares, a fin de evitar conflictos y asegurar operaciones legales y sostenibles. Recalcó.
Sin embargo, aseveró que no se revisarán los decretos supremos que establecen el cierre del proceso de formalización para el 31 de diciembre de 2025, ya que se emitieron bajo un marco normativo firme.
Por su parte, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) advirtió que no participará del diálogo si el Gobierno no suspende las interdicciones contra sus asociados.
Además, exige la reincorporación de 50 mil mineros excluidos del Reinfo, alegando que fueron retirados sin notificación ni debido proceso, lo que -según ellos- vulnera sus derechos.
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