La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó este martes un proyecto de ley que establece incentivos para empresas privadas que contraten a mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa, presentada por la congresista María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular), busca promover la inserción laboral de este grupo mediante beneficios en procesos de contratación pública.

El proyecto, titulado , establece beneficios para las empresas que participen en licitaciones estatales.

Estas recibirán un puntaje adicional de dos puntos en la evaluación técnica si demuestran que, en los últimos doce meses, al menos el 10% de su planilla laboral está conformada por mujeres que hayan sufrido violencia, debidamente registradas en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA).

Entre los requisitos para acceder a estos incentivos, las empresas deberán acreditar la contratación formal de las beneficiarias y garantizar condiciones laborales acordes con la legislación vigente.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Objetivos y alcances

Según el artículo 1 del proyecto, el objetivo principal es “contribuir a la autonomía económica y el bienestar integral” de las mujeres afectadas por violencia, facilitando su acceso a empleos formales.

La norma aplicará a todas las entidades públicas y a sus proveedores en procesos de contratación bajo el marco legal actual.

La iniciativa destaca que aprovecha las contrataciones públicas como “herramienta para mejorar la calidad de vida” de las víctimas.

Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días, tras la promulgación de la ley, para emitir las normas complementarias que aseguren su implementación.

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