Foto: Congreso.
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La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, un informe que concluye que no existen elementos suficientes para confirmar la existencia de una red de prostitución al interior del Poder Legislativo.

No obstante, el documento señala posibles irregularidades en los procesos de contratación de personal, con especial énfasis en el caso de trabajadoras mujeres.

El informe, respaldado con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, fue elaborado tras investigar denuncias contra Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, vinculado a presuntos delitos de proxenetismo, así como al caso de la trabajadora Andrea Vidal.

El texto indica que “no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución” y que “no se ha evidenciado la existencia de una red de prostitución en el Congreso”.

No obstante, se mencionan “se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro un contexto sensual y sexista”.

Limitaciones en la investigación

La comisión señaló que su labor enfrentó restricciones debido a la falta de facultades coercitivas, lo que habría dificultado obtener pruebas concluyentes en ciertas líneas de investigación, particularmente en los casos de Andrea Gil Gómez, Isabel Cajo y Alejandra Gil.

Respecto a Andrea Vidal, abogada fallecida en circunstancias aún bajo investigación, el informe precisa que no se encontraron indicios que respalden la acusación de que ejercía la prostitución.

Ante esto, recomienda derivar el caso al Ministerio Público, entidad con las atribuciones necesarias para profundizar en la investigación, incluyendo la solicitud de levantamiento del secreto bancario y telefónico.

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