Comisión de Fiscalización pide a Brasil informe sobre retraso en convenio

Actualizado el 12/01/2019, 08:03 a.m.

La Comisión de Fiscalización del Congreso, a cargo de Luis López Vilela, envió un oficio al ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, para que explique los motivos del retraso de las diligencias que iba a realizar el Equipo Especial “Lava Jato” en Brasil, programadas entre el 14 y 18 enero.

El oficio surge a pedido del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien solicitó al Parlamento la conformación de un grupo de trabajo que investigue las declaraciones del presidente Martín Vizcarra. Este señaló que existió un perjuicio en el citado caso tras la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Cambio de fecha

El documento indica que la Comisión de Fiscalización ha tomado conocimiento, no solo por el oficio enviado por Chávarry, sino por diversos medios de comunicación, de que la fecha para la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz del Estado peruano con la empresa Odebrecht, en el marco de las investigaciones del caso “Lava Jato”, han sido reprogramadas.

“Le solicito que, a través de su representada, respetuosamente nos informe el motivo del cambio de la fecha de la firma del referido convenio, así como cuáles serían las próximas diligencias a realizarse”, se indica en la misiva remitida ayer a Brasil.

López Vilela alegó que su pedido se respalda en el ejercicio que le atribuye el Congreso, a través de artículo 96 de la Constitución, concordante con el artículo 87 del Reglamento del Parlamento.

“Todo esto en atención al cumplimiento, seguimiento y resguardo de los intereses del Estado peruano, en el marco de la firma del referido convenio de colaboración”, sostiene el oficio.

Agenda

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización ha convocado a una sesión extraordinaria para el lunes 14 de enero, a las 10 de la mañana, a fin de aprobar la propuesta del grupo de trabajo sobre el citado caso. También se discutirá la conformación de los grupos de investigación sobre la presunta adquisición irregular de 200 equipos de respiración autónoma en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.