Comisión López Meneses se niega a dar su brazo a torcer

Tras la negativa del Ejecutivo en propiciar la entrevista que busca realizar la comisión congresal López Meneses al presidente Ollanta Humala, los miembros del grupo investigador se concentraron en explicar que el pedido efectuado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue tan solo un acto protocolar, por lo que insistirán en la reunión con el Jefe de Estado. Esta vez, desde el Consejo Directivo del Legislativo.

SIN RESERVA. Y es que la respuesta de la premier Ana Jara en protección de la "investidura presidencial" -según un comunicado oficial- agravó la tensa relación con el Congreso, donde los voceros de la mayoría de bancadas manifiestan estar a favor y dispuestos a intervenir para hacer efectiva la cita en la Casa de Pizarro.

Aunque diversos constitucionalistas consideran que la intención parlamentaria resulta "antihistórica e inconstitucional", para el titular del grupo legislativo, Juan José Díaz Dios, el Mandatario "no debe escudarse en leguleyadas que no tuvo en cuenta para reunirse con el expresidente de la comisión", reunión que, como es de público conocimiento, le costó el cargo a Víctor Andrés García Belaunde.

Díaz Dios apuntó que la insistencia para interrogar a Humala, que será sometida a votación de los miembros en la sesión de mañana, será acompañada del levantamiento de la reserva de los "hallazgos" hasta hoy encontrados en la investigación.

"Hemos señalado que se ha encontrado ya el hilo de la madeja que conduce, en efecto, a Palacio de Gobierno y que por ello el Presidente tiene la llave para poder avanzar en esta última etapa de las investigaciones", manifestó.

Si bien el ministro de Justicia, Daniel Figallo, respondió que el Jefe de Estado tiene prerrogativas como gobernante y que no puede ser sometido a investigación por este grupo parlamentario, Díaz Dios dijo confiar en que al hacer públicos los indicios que han reunido, "el señor Figallo, la primera ministra Ana Jara y el propio Ollanta Humala terminen, pues, cambiando de opinión; y por fin, entre otras cosas, ordenen a sus funcionarios que colaboren también con nosotros".

NO SE PERMITIRÁ. El ministro de Justicia declaró que "los actos funcionales de Estado tienen una serie de prerrogativas para proteger el ejercicio de sus funciones, brinda una diferenciación frente a cualquier ciudadano que no las ejerza".

"Esas prerrogativas hacen que el Presidente solo pueda ser sometido a investigaciones y acusaciones en torno a unos asuntos específicos", agregó Figallo.

En opinión del ministro, "hay ciertos límites y prerrogativas para que todo ejercicio de poder se ejerza conforme a la Constitución, porque si no, vamos a romper las reglas cuando queramos, porque tengamos una idea, y esto no se puede permitir".

De acuerdo con el Gobierno, la invitación de la comisión López Meneses convertiría al Mandatario en testigo de una investigación, contraviniendo el artículo 117 de la Constitución, que establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso.

Al respecto, el jurista Javier Valle Riestra considera que la reunión que persigue la comisión que investiga el ilegal resguardo policial en favor de López Meneses está al margen de la Constitución Política, pues el Mandatario "tiene un estatuto de inmunidad y no puede ser tratado en esa forma".

El constitucionalista Enrique Bernales coincidió en que nadie puede obligar a Humala a declarar ante una comisión parlamentaria, pero subrayó que el Mandatario podría ofrecer una declaración pública sobre el caso.

DESAIRE. Sin embargo, al interior de la comisión investigadora, la negativa presidencial ha sido calificada como un "desaire" al Congreso".

Así lo manifestó el acciopopulista Yohny Lescano al indicar que si bien se invoca a la Constitución, es necesario subrayar que no existe ninguna norma que prohiba a un Presidente de la República a colaborar con alguna investigación.

Lescano sostuvo que el Reglamento del Congreso en el artículo 88 de El Proceso de Investigación señala a la letra que: "Las autoridades, funcionarios y servidores públicos y cualquier persona están obligadas a comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran".

Por ello acusó un "desconocimiento de la ley, un desaire, una falta de respeto, consideración, falta de colaboración para investigar, yo diría mejor falta de voluntad del Gobierno", dijo Lescano.

Por su parte, Cecilia Tait se dirigió a Humala para señalarle que la cita solicitada por el grupo "es el momento (oportuno) para que el Ejecutivo demuestre que no estaba involucrado", comentó.

Lo dijo tras advertir al Gobierno que cuentan con un testigo y pruebas que involucrarían al Ejecutivo en la orden que permitió la ilegal custodia policial en favor de López Meneses, por lo que consideró un error que haya decidido que el Mandatario no declare.