La Comisión Permanente del Congreso analiza el informe final de las denuncias constitucionales que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra, y a sus exjefes de gabinetes ministeriales, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, por el cierre del Parlamento en 2019.

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De acuerdo al informe final, el exmandatario y los exministros mencionados habrían infringido los artículos 132, 133 y 134 de la Constitución Política.

En el caso de Vizcarra Cornejo se propone la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública; mientras que para los exjefes del gabinete ministerial se recomienda la sanción de inhabilitación por cinco años para ejercicio de la función pública.

Asimismo, la Comisión Permanente verá el informe final de la denuncia constitucional 285, 287 y 369, en la parte referida al exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, para quien se plantea que se le imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

Según el documento se recomienda acusarlo por la presunta infracción a los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro de los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N.° 094-2020-IN que designa al nuevo comandante general de la PNP.

Agenda

En la agenda también se incluye consultar a los miembros de la comisión sobre otorgar el plazo de 15 días hábiles, para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente el informe las siguientes denuncias constitucionales.

-Denuncia Constitucional 388 y 473 (acumuladas) contra Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Aldo Vásquez Ríos, Imelda Tumialán Pinto, Henry Ávila Herrera, Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán, todos en su condición de miembros de la Junta Nacional de Justicia.

-Denuncia Constitucional 489 contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión, en grado de tentativa.

-Denuncia Constitucional 511 contra el legislador Nivardo Édgar Tello Montes, como presunto autor del delito contra la administración pública.

-Denuncia Constitucional 514 contra el congresista José Alberto Arriola Tueros como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión.

-Denuncia Constitucional 516, contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones, como presunto autor del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de peculado de uso.

-Denuncia Constitucional 545, contra la exlegisladora Luciana Milagros León Romero, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

-Denuncia Constitucional 498, contra el exmandatario José Pedro Castillo Terrones, y Eduardo Eugenio Gonzáles Toro, en su condición de ministro de Estado, en la cartera de Energía y Minas, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.

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