La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la inhabilitación de la suspendida fiscal Delia Espinoza para ejercer cargos públicos durante diez años.
La sanción, atribuida a una presunta infracción constitucional, tendrá que ser ratificada por el pleno del Congreso.
La Comisión Permanente también aprobó acusar a Espinoza por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Como sanción, se propone levantar el fuero para que el fiscal de la Nación presente “la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días”.
Dicho informe también contemplaba la inhabilitación de los fiscales supremos Juan Pablo Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; sin embargo, debido a que las abstenciones superaron los votos a favor y en contra, no se tomó ninguna decisión y los casos quedaron pendientes.
Fue similar el resultado, en el extremo de la acusación contra Sánchez, Ávalos y Villena, por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
La acusación constitucional se basa en que habría emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de la ley aprobada por el Congreso que otorga esa facultad a la Policía.
Según el informe final, se les acusa por presunta infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución.
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